Después de casi dos semanas de implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, las alarmas han sonado debido a una supuesta crisis humanitaria que, advierten los mismos docentes, está afectando gravemente la atención médica de ellos, sus familias y los educadores pensionados.
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Según Alberto Ortiz Saldarriaga, docente y usuario del sistema, la situación ha alcanzado niveles críticos, llegando incluso a poner en riesgo la vida de pacientes que dependen de medicamentos para mantener su condición médica estable.
Ortiz expresó su preocupación por la “deshumanización” en la provisión de servicios de salud que, según manifestó, ha llegado a niveles peores de los que se intentaban corregir con el nuevo modelo.
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Además, entre sus denuncias, el docente destacó la falta de atención farmacéutica durante el fin de semana pasado: “No puede volver a repetirse que durante todo un puente festivo los docentes no cuenten con una farmacia que los atienda 24 horas”, precisó.
Instando a sus colegas a tomar medidas, Ortiz hizo un llamado a presentar denuncias formales ante entidades como la Superintendencia Nacional de Salud y la Personería Distrital de Barranquilla, argumentando que la falta de denuncias oculta los problemas y da una imagen falsa de la situación actual, haciendo pensar a la ciudadanía que “todo marcha bien y sin inconvenientes”.
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El educador también exigió responsabilidad a los anteriores proveedores de servicios médicos, Clínica General del Norte y FARMART, en relación con la entrega de medicamentos, en cumplimiento de las directrices emitidas por la Gerencia de Salud del FOMAG. Al respecto, enfatizó que estas acciones son de obligatorio cumplimiento y deben ser ejecutadas sin excusa: “Ese proceso debió arrancar pues era de obligatorio cumplimiento y no hay justificación para lo contrario”.
Ortiz resaltó la importancia de la libertad de elección y la diversidad de proveedores en el sistema de salud, como lo estipula la Ley Estatutaria de Salud y el Acuerdo 03 del FOMAG, reiterando que los usuarios tienen el derecho constitucional de participar en decisiones que los afectan, incluida la elección de proveedores de atención médica.
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Finalmente, el docente manifestó que el silencio ante estas violaciones de derechos no es una opción, y llamó a la acción para defender los intereses de los pacientes del magisterio. Su mensaje final fue claro: no se puede ignorar ni defender lo indefendible cuando se trata de la salud y los derechos humanos.
