La Sala da Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó el beneficio de libertad transitoria al general retirado Mauricio Santoyo Velasco, tras determinar que sus aportes de verdad, presentados durante su audiencia ante la autoridad el pasado mes de marzo, no han sido suficientes.
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Pese a que el Santoyo se sometió a la JEP en 2021 y asistió a la diligencia a la cual fue citado el pasado 21 de marzo, la Sala decidió que las declaraciones que el exfuncionario dio ante los magistrados no fueron relevantes en el proceso de búsqueda de la verdad.
En dicha audiencia, al general (r) se le cuestionó respecto a sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, mientras fungió como comandante del Gaula en Medellín, entre los años 1997 y 2001, sobre los cuales hay evidencia en la justicia ordinaria. No obstante, Santoyo negó cualquier tipo de responsabilidad por los hechos y no brindó ningún aporte nuevo o relevante.
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Por lo anterior, el exfuncionario deberá permanecer privado de su libertad en una unidad policial, mientras cumple con la orden dictada por la JEP, de ampliar por escrito sus aportes de verdad, como parte del seguimiento y evaluación de su régimen de condicionalidad.
Cabe mencionar que, según ha expuesto anteriormente la Jurisdicción, el general (r) “actualmente tiene dos procesos penales en su contra que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP; un proceso es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
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Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la justicia de los Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición. Posteriormente, tras su aceptación en la JEP, se le concedió el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.
El motivo por el cual Santoyo fue aceptado en JEP fue porque se consideró que podría tener información valiosa respecto al macrocaso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica, y el macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
