El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, realizó recientemente un llamado de atención a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), instándola a reconocer la salud de los ciudadanos no como un servicio público más, sino como un derecho fundamental para todos los colombianos.
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Este llamado surge en medio de las crecientes preocupaciones que ha generado la imposición de requisitos adicionales por parte de la Supersalud para la recepción de quejas, lo que ha dejado a los usuarios en la obligación de dirigir sus reclamos directamente a las entidades promotoras de salud (EPS). Esta medida, según el Defensor del Pueblo, obstaculiza el acceso a la justicia para los usuarios del sistema de salud.
En un esfuerzo por garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la salud, Camargo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades de policía administrativa para que ejecuten de manera efectiva su función de vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud. Este reclamo del defensor se enfoca en asegurar que tanto las autoridades como los participantes en el sistema de salud cumplan con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, independientemente de su visión sobre la salud como un servicio público.
“Ejerzan la función de regulación, vigilancia, inspección y control de los aseguradores y prestadores de servicios de salud, con enfoque de derechos humanos, y más allá de la visión de servicio público. Tanto autoridades como particulares que participan en el sistema de salud deben garantizar los derechos humanos, bajo la tutela permanente del Estado”, precisó el funcionario.
El defensor del Pueblo destaca que equiparar la salud con otros servicios públicos representa un retroceso con respecto a las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional y el Congreso, y enfatiza la necesidad de activar rutas de atención de quejas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Asimismo, se hace un llamado a la Supersalud para que restablezca el acceso público a la información sobre indicadores financieros, jurídicos y de servicios, así como los números de PQR de las EPS, especialmente aquellas que han sido intervenidas.
La transparencia en la gestión pública, según la Defensoría del Pueblo, es crucial para proteger el derecho humano a la salud y para que los afiliados y usuarios estén informados sobre el desempeño de las empresas que los aseguran y les prestan servicios.
Para facilitar el proceso de presentación de quejas, la Defensoría informa que sus 42 Defensorías Regionales y su Delegada para el Derecho a la Salud están disponibles permanentemente para atender los reclamos de los ciudadanos. Además, la entidad planea aumentar la presencia de sus funcionarios en municipios, veredas y territorios más alejados mediante la iniciativa ‘Defensoría en tu comunidad’, que busca ofrecer atención integral y especializada a quienes más lo necesitan.
