El presidente Gustavo Petro, por medio de una carta firmada el 24 de mayo, le ordenó a sus funcionarios reportar casos de corrupción, ya sea por parte de algún empleado público o particular, a la Agencia Jurídica del Estado.
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Esto quiere decir que ahora la agencia estará obligada a adelantar las acciones correspondientes, sea para defender en calidad de víctima a la entidad, o para intervenir representando a la Nación.
“En todos los procesos penales por delitos contra la administración pública y/o por actos de corrupción, las Entidades a las cuales va dirigida la presente directiva, deben desarrollar una estrategia de defensa jurídica bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado”, se le en el documento.
Se agrega que la entidad implicada deberá notificar a la Fiscalía o la Corte Suprema y solicitar reconocimiento como víctima en el proceso penal. De igual forma, las entidades estarán obligadas a entregar toda la información a la Agencia, para que este proceda a realizar una mesa de trabajo que “defina la estrategia de defensa”.
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La Agencia también deberá entregar un informe para ir documentando los casos.
