Tras el atroz asesinato a cuchillo de Steffany Barranco a manos de su expareja, Iván José De la Rosa, en un local del centro comercial Santafé, en Bogotá; y el crimen de Natalia Vásquez Amaya, quien recibió varias por puñaladas cuando se encontraba en una calle de la localidad de Suba; la Procuraduría General de la Nación constituyó dos agencias especiales para intervenir en el tramite el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de los menores de edad hijos de las víctimas.
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“El ente de control designó a Pablo Badillo García, Procurador 246 Judicial I para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, de Bogotá, para que asuma la función misional de intervención como Ministerio Público, en la Defensoría de Familia del Centro Especializado Revivir del ICBF, ante la cual se tramitan los procesos de restablecimiento de derechos en favor de los 3 menores de edad, afectados de manera grave como consecuencia de estos lamentables hechos”, indica el Ministerio Público.
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El crimen de la mujer de 32 años oriunda de Malambo, Atlántico, se registró el pasado 29 de mayo, cuando se encontraba trabajando en un almacén de elementos de cocina. Hasta el lugar llegó Iván José De la Rosa, quien discutió con su expareja y luego le propinó varias puñaladas que le costaron la vida. El victimario atentó contra su vida con la misma arma contopunzante; sin embargo, se recupera en un centro asistencial.
24 horas después del feminicidio de Steffany Barranco, se conoció el asesinato de Natalia Vásquez Amaya, localidad de Suba, quien recibió varias puñaladas, al parecer, por su expareja, identificado como Fabián Riveros.
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Vásquez Amaya estuvo cobijada con medidas de protección y pudo alojarse en una casa refugio; sin embargo, radicó una carta para salir de la casa refugio y regresó a la casa familiar, donde convivía con sus hermanos.
La Procuraduría reiteró que el abordaje integral de este flagelo debe involucrar a la familia, la sociedad y a la institucionalidad, en la prevención efectiva de estas violencias e instando a que se judicialicen los responsables de la comisión de estos graves delitos, como mensaje contundente a los agresores.
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