Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que le envió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, algunas observaciones sobre el proyecto de reforma pensional.
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Según la PGN, en la iniciativa se deben revisar cuatro asuntos estructurales que de no ajustarse harían inviable su implementación.
“La Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social señaló inicialmente que la falta de reglamentación de, al menos, 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros”, se lee en el escrito de la Procuraduría.
Agrega que las cifras que se conocen de Colpensiones evidencias que “no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa” para poder en marcha la operación de traslado de cerca de 19 millones de personas.
Asimismo, alertó que tanto Gobierno, el ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República deben tener en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación.
“Actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos, por lo que sugirió que se considere su implementación de forma gradual a partir de 2026”, también se lee en la misiva.
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Finalmente, la Procuraduría instó a velar para que la reforma garantice un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones, que bajo ninguna circunstancia vaya a representar una afectación de los derechos de los afiliados y los pensionados del país.
