Después de un mes de la implementación del nuevo modelo de atención en salud de los docentes, un grupo de docentes y pensionados del país conformaron la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio con el fin de “vigilar” y “defender” el derecho a la salud.
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“Esa garantía que, en últimas, es al derecho fundamental a la vida del Magisterio y sus familias frente a la voracidad de los negociantes a los que favorece el esquema, requiere la más amplia unidad gremial, corregir los errores en la dirección y fortalecer la movilización en las bases”, sostuvo la veeduría a través de un comunicado.
En ese sentido, la recién creada veeduría expuso que hará seguimiento a las “disposiciones contrarias al bienestar de los 820.000 afiliados por parte del Consejo Directivo del Fomag y de la administración y la Junta Directiva de la Fiduprevisora”.
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Además, expuso que entre sus funciones se encuentran “exigir transparencia en toda la información pertinente y coordinar acciones indispensables en la defensa de su salud”.
Los docentes y pensionados fueron enfáticos al responsabilizar al Gobierno y a Fecode por las “fallas” que se han presentado en la prestación del servicio por parte de las distintas IPS a nivel nacional. Asimismo, anunciaron su respaldo a movilizaciones en todo el país.
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“Ningún Gobierno había llegado tan lejos en la destrucción del modelo de atención en salud regulado por la Ley 91 de 1989, conquistada por la férrea lucha del magisterio mediante un paro nacional indefinido de ese año”, recalcó la veeduría.
Señalaron, además, que “el Gobierno arroja al mercado de la salud, haciendo avanzar el neoliberalismo, en tres meses, más que ningún Gobierno anterior”.
Advirtieron que la imposición de “este otro modelo de atención es un duro golpe a la integración del gremio docente”. También expresaron su preocupación ante “el riesgo de feriar los recursos ahorrados durante toda una vida por el magisterio en el Fomag para el pago de salud, pensiones y cesantías”.
La veeduría también enfatizó que “esta transformación acaba las redes y rutas de atención exclusivas que fueron objeto de décadas de lucha contra los gobiernos serviles a los grandes capitales multinacionales con inversiones en la salubridad como negocio”.
Y recalcó que “bajo regulaciones similares a las normadas en la Ley 100 de 1993, e incluso con elementos más malsanos todavía, resultará casi imposible asegurar la atención a los afiliados al Fomag”.
