Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no solo la propietaria, sino algunas personas mayores que como ella repudiaban la patraña de los trabajadores acorralados en la estación, y del tren de doscientos vagones cargados de muertos, e incluso se obstinaban en lo que después de todo había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la compañía bananera no había existido nunca”, escribió Gabriel García Márquez en ‘Cien años de soledad’ sobre la Masacre de las Bananeras perpetrada en el Magdalena a mediados de la primera mitad del siglo pasado.
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A comienzos de esta semana un jurado federal de Florida, EE. UU., ordenó a la multinacional del banano Chiquita Brands, antes United Fruit Company –la misma de la masacre a que hace alusión el Nobel de Literatura colombiano–, señalada de financiar a grupos paramilitares que dejaron miles de muertos, a pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas de las AUC.
La decisión de la justicia estadounidense le hace, sin querer, un guiño llamativo y fatal a la novela de Gabo, que cuenta sobre una especie de invisibilización de los crímenes alrededor de la bananera en aquella época, y que ahora viene a dejar, esa decisión, la misma sensación de misterio que parece rodear la actuación de la justicia colombiana que aparentemente ha cojeado en el proceso Chiquita Brands.
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El universo de víctimas de las AUC y de los apoyos financieros que recibió de esta empresa ascendería a 3 mil en el Magdalena y el Urabá. Por ello dice Simons que “es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros. (...) También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”. De hecho, el próximo juicio representativo contra la bananera sucesora de la United Fruit Company comenzaría el 15 de julio con 10 demandantes.
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Durante el proceso fallado a favor de los familiares de las víctimas testificaron exparamilitares como Salvatore Mancuso, alias HH y Raún Hasbún, alias Pedro Bonito. Se remonta el caso a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses, pero Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia. Y en 2022 el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito avaló incluir la documentación de Justicia y Paz, y se dio apertura formal al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos.
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Ya desde marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la bananera llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a grupos paramilitares por un total de 1,7 millones de dólares. Pero esa multa no se dispuso para reparar a las víctimas.
