Germán Castro Ferreira, el contralor delegado de Minas y Energía, reiteró recientemente el llamado hecho por el contralor general Carlos Mario Zuluaga al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía, respecto al borrador del decreto mediante el cual el Ejecutivo busca la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel.
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Al igual que el contralo general, Castro advirtió sobre los riesgos que puede tener la implementación de esta iniciativa, y las desventajas o consecuencias que traería consigo para el país, específicamente en materia de seguridad jurídica, estabilidad y legalidad.
“Preocupa de forma muy especial lo que propone el decreto (...) porque nos da a entender que si el borrador queda en firme, la seguridad jurídica, la estabilidad y la legalidad en Colombia quedarían cuestionadas, ya que se suspenderían tratados que tienen varios años en vigencia y contratos que están llevando a cabo inversionistas extranjeros en Colombia”, señaló el funcionario en diálogo con ‘La FM’.
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En este mismo sentido, el delegado destacó que, debido a que la confianza de los inversionistas se sustenta en los resultados obtenidos de los proyectos que terminan generando ingresos gracias a las exportaciones, el cambiar la forma en la cual esto se está ejecutando podría terminar afectando dicha confianza.
“La confianza de los inversionistas se basa en que las inversiones soportan sus réditos con proyectos que generalmente son de largo plazo y donde la constante es la exportación y el ingreso que generan esas exportaciones. Entonces si se cambian las reglas de juego, los inversionistas toman muchas prevenciones antes de ejecutar un proyecto en un país”, señaló Castro puntualmente.
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Ahora bien, igualmente, el contralor hizo énfasis en la falta de comunicación clara y directa de parte del Gobierno con el sector de Minas y Energía, manifestando que sobre dicho tema no han sido consultados aún. “Por el momento, no hemos recibido comentarios del Gobierno. Hemos tenido reuniones muy cercanas con el ministro de Minas, pero no hemos hablado particularmente sobre este tema”, precisó.
Finalmente, el Castro hizo una advertencia sobre las posibles implicaciones jurídicas que este decreto podría tener para Colombia, mismas que podrían repercutir en la economía del país a largo plazo.
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“La última instancia en órganos internacionales es a donde generalmente llegan todas las quejas y denuncias cuando un país incumple en inversiones. Esto es algo que nos preocupa porque el país puede verse envuelto en conflictos jurídicos que podrían generar penalizaciones económicas a largo plazo”, concluyó el ministro delegado.