Una demanda que pidió anular la resolución con la que el presidente Gustavo Petro autorizó instalar la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia fue aceptada por el Consejo de Estado.
La acción judicial fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) bajo el argumento de que el acuerdo de paz original prohíbe nuevas negociaciones con miembros de las Farc que reinciden en actividades delictivas después de su desmovilización. 'Con estas personas se deben hacer acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia', se lee en un comunicado.
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Para la FEDe, a pesar de que el Gobierno nacional sabía que constitucional y legalmente era imposible adelantar las negociaciones con la Segunda Marquetalia, 'reconoció la necesidad de implementar una constituyente o las reformas legales necesarias para negociar con este grupo al margen de la ley'.
Y trajo a colación las palabras del alto comisionado para la Paz Otty Patiño del pasado 25 de junio: 'La ley es algo que puede cambiar y para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social y con base a los acontecimientos que vayan sucediendo'.
Como medida provisional, la organización le pidió al Consejo suspender la resolución mientras llega una decisión de fondo.
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Así las cosas, la Sección Primera evaluará a fondo la demanda y decidirá si encuentra argumentos para detener los efectos de la norma. De ser así, la mesa de diálogos instalada en Venezuela el pasado 24 de junio corre peligro. Si el tribunal no se pronuncia frente a la resolución, el Gobierno podrá seguir adelantando los diálogos.
Vale mencionar que hasta este 29 de junio prevén 'definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones sobre medidas' para 'contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto', según una declaración conjunta.
