La Procuraduría General de la Nación lamentó los hechos ocurridos el pasado martes 9 de julio, en el cual una embarcación al parecer con 20 migrantes a bordo naufragó en aguas del archipiélago de San Andrés, dejando hasta el momento como saldo cuatro personas desaparecidas, una víctima fatal y 15 personas rescatadas por la Armada Nacional, entre los que se encuentran seis menores de edad.
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“La vulneración de los derechos humanos de la población migrante por parte de traficantes inescrupulosos que exponen a esta población a riesgos contra su vida e integridad personal continúa sin que exista control alguno”, señaló en un comunicado la PGN.
La Procuraduría indicó que, desde octubre de 2023, viene alertando sobre la existencia de “una ruta VIP” que pasaba por este departamento del país con destino a Nicaragua. “Es evidente que, a pesar de las advertencias y recomendaciones de la Procuraduría, sigue siendo precario el control de ingreso a las islas y el zarpe de embarcaciones con destino a Centro América”, agregó.
Es por esto que el ente de control hizo un llamado urgente a la Cancillería Colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y a las autoridades departamentales para aumentar los controles de ingreso y salida de migrantes al archipiélago, así como a la DIJIN y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen con celeridad en las investigaciones y la desarticulación de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes que operan en la isla.
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