La Superintendencia Nacional de Salud ha anunciado la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la fiduciaria La Previsora S.A., entidad encargada de manejar los recursos del régimen de salud del Magisterio. La medida se tomó después de detectar presuntas omisiones y barreras en el acceso a los servicios de salud para poblaciones vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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Según el comunicado, la Supersalud había impuesto anteriormente una medida cautelar a la Fiduprevisora, ordenándole la atención inmediata de casos reportados por los usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Sin embargo, esta orden no fue cumplida adecuadamente. Entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, se registraron 3712 reclamaciones en salud por parte de maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio, de las cuales 2923 no habían sido atendidas para la fecha límite del 19 de mayo, lo que representa una atención efectiva de solo el 21.26% de las reclamaciones.
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La Superintendencia evidenció casos específicos que involucran a menores de edad y adultos mayores con diagnósticos de enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo, como cáncer y VIH/SIDA. Estos casos, que debieron ser priorizados, llevaron a los afectados a recurrir a la Superintendencia y, en algunos casos, a interponer tutelas debido a la falta de prestación oportuna y continua de los servicios de salud.
Además, la entidad de supervisión destacó que la Fiduprevisora presuntamente no respondió de manera oportuna y adecuada a los requerimientos de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, incumpliendo las instrucciones impartidas y sin brindar soluciones efectivas a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas, imponiendo barreras en el acceso al derecho fundamental a la salud.
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Luis Carlos Leal Angarita, superintendente nacional de Salud, subrayó la importancia de garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional, independientemente del régimen de afiliación de cada persona, y reafirmó el compromiso de la Superintendencia en asegurar este derecho.
El proceso administrativo sancionatorio podría conllevar diversas sanciones para la Fiduprevisora, incluyendo amonestaciones escritas, multas que van desde 200 hasta 8000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas, y desde 50 hasta 2000 salarios mínimos para personas naturales.
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También se contempla la posibilidad de revocar total o parcialmente la autorización de funcionamiento, suspender el certificado de autorización, cerrar temporal o definitivamente servicios, y remover representantes legales y revisores fiscales en casos de violación de normas del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Según informó la Supersalud, la Fiduprevisora cuenta con cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa y contradicción, presentando explicaciones por escrito, aportando y solicitando pruebas, y proporcionando la información necesaria para esclarecer los hechos investigados.
