Luego de más de nueve horas que duró la audiencia de medida de aseguramiento contra los implicados en el escándalo de la Ungrd, el juez 35 de control de garantías de Bogotá, Cedulfo Hernández, suspendió la diligencia y la reprogramó para el próximo sábado 31 de agosto.
Ese día nuevamente intervendrán los abogados del ex director de la Ungrd, Olmedo López; el ex subdirector, Sneyder Pinilla; y el contratista Luis López, quienes piden para sus clientes una medida de guarnición militar.
A su vez, en el marco de la audiencia, la fiscal 9 delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, pidió enviar a la cárcel a los presuntos implicados en el escándalo de corrupción, pero en guarnición militar por las amenazas que han recibido.
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La investigadora dijo que los tres 'son un peligro para la comunidad' y señaló que los delitos cometidos dan para 22 años de prisión, que se reducirían en una cuarta parte para el contratista por no ser funcionario público.
'En Bogotá, desde por lo menos mayo de 2023 a marzo de 2024, Olmedo López, director de la Ungrd; Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres, Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección, Luis Carlos Barreto Gantiva, de la Ungrd, y funcionarios de otras entidades estatales como César Manrique Soacha, director de Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la Ungrd, junto con particulares entre los cuales tenemos a Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, y quien por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas Impoamericana Roger SAS (...), acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd', leyó la fiscal en su petición.
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Reiteró Patiño que el saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, coordinaron presuntamente la entrega de $3 mil millones al expresidente del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, y de $1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal.
Por su parte, los defensores de los implicados solicitarían que los imputados sean recluidos en centros de detención militar por las amenazas que han recibido.
De hecho, este miércoles hay un fuerte dispositivo de seguridad en el Complejo Judicial de Paloquemao con el fin de proteger la vida de Olmedo, Sneyder y El Pastuso, imputados por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
La delegada del ante acusador, además, durante la audiencia, indicó las sumas del peculado: El Pastuso se apropió de $7.821 millones, López de $724 millones y Pinilla de $342 millones por los contratos de carrotanques.
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Así mismo, reiteró que Olmedo 'coordinó con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso: esto es Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo'.
