El Ejército Nacional exigió en la mañana de este sábado la liberación “inmediata” de los casi 100 soldados que fueron retenidos en la tarde del viernes por un grupo de personas que se identifican como miembros de las guardias campesinas de las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra, en el municipio de San José del Guaviare.
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Los uniformados retenidos hacen parte de las tropas del Comando Específico del Oriente, que, según informó el Ejército, se encontraban realizando “acciones de control y presencia institucional en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho”, cuando fueron interceptadas por la guardia campesina.
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“Estos individuos exigen la presencia del alcalde de San José del Guaviare, así como de delegados de la MAPP OEA, ONU, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, como condición para permitir la liberación de un grupo de soldados, quienes se encuentran secuestrados por estas comunidades”, indicó la institución en un comunicado.
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En ese sentido, anunció que este hecho será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “para que se tomen las acciones judiciales correspondientes”.
Las autoridades señalaron que las tropas estaban desplegadas en respuesta a las amenazas y extorsiones realizadas por Alexis Guerra, alias Cancharino, integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño, quien, mediante panfletos, citó a los comerciantes del sur del Meta y San José del Guaviare, obligándolos a cerrar sus negocios entre el 22 y el 26 de julio del presente año.
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Por estos hechos, las tropas del Comando Específico del Oriente fueron ubicadas en puntos estratégicos de las veredas Chuapal, Bocas de Caño Cafra, Charcón, Puerto Nuevo y Alto Cachicamo, para adelantar tareas de estabilidad, puestos de control y patrullajes perimétricos.
Este incidente se produce en un momento de especial preocupación en el país por el aumento de la violencia y el crimen organizado. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había revelado recientemente un incremento significativo en las cifras de secuestro y extorsión durante los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro. Y es que, según los datos oficiales, el secuestro ha aumentado en un 70,8%, mientras que la extorsión ha crecido en un 29%.
