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La Contraloría General de la República terminó su Auditoría Financiera al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 24 hallazgos fiscales por $15.549 millones a los estados financieros y la información presupuestal de la entidad con corte del 31 de diciembre de 2023.

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La auditoría se llevó a cabo a 14 puntos de control correspondiente a las direcciones regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre y a la Dirección General.

“En desarrollo de esta auditoría se establecieron 147 hallazgos administrativos de los cuales 70 tienen presunta incidencia disciplinaria, 24 con incidencia fiscal por $15.549 millones, 4 con otras incidencias, 18 dan lugar a indagaciones preliminares, 2 solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales y 6 beneficios de auditoría por $414 millones”, indicó el órgano de control.

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Los ingresos asignados a la entidad para 2023, fueron de $9.08 billones, presentando un incremento de $1.15 billones, equivalente al 12,74 % frente a la vigencia 2022. El 56,39 % de los recursos, equivalente a $5.23 billones, proviene de Aportes de la Nación; y el 43,61 % ($3.84 billones) son Recursos Propios. Y los ingresos provenientes de la Parafiscalidad del 3 %, representan el 88,13 % del total de los ingresos propios de la entidad.

Además, la ejecución presupuestal de gastos en el ICBF para la vigencia de 2023 fue del 94,94 % del total de los recursos asignados; es decir, los bienes y servicios realmente recibidos a 31 de diciembre de 2023.

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“A nivel nacional, la pérdida de apropiación ascendió a $111.642 millones, sin que el ICBF mostrara la ejecución de las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la entidad, que deben acoger e implementar los Gerentes de Recursos para mejorar los tiempos asociados al ciclo presupuestal y aumentar los niveles de ejecución”, detallaron.

La ejecución más baja se identificó en los programas de Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y 13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional, con el 66,4 %, y en el apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional, que presenta un 56,99 %.