La Contraloría General de la República advirtió que debido al congelamiento de las tarifas de peajes ordenado por el Gobierno Petro mediante el Decreto 050 de 2023, el Estado tendría que pagar cerca de un $1 billón por el incumplimientos en con lo pactado en los contratos de concesión.
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El ente de control hizo un llamado al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales para que analicen la implementación de prontas acciones que eviten los incumplimientos, pues los recursos que no ingresan por el congelamiento de los peajes son asumidos por la Nación, lo que significa que los colombianos terminarían pagando con impuestos esas compensaciones, si importan si utilizan o no las vías.
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“Como consecuencia de la expedición de este decreto, se activó el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes.”, señala la entidad a través de un comunicado.
“Se corre el riesgo de que para los once (11) Contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial.”, agrega.
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La Contraloría indicó que la expedición del Decreto se hizo bajo la justificación de precaver eventuales riesgos inflacionarios, pero su estudio y soporte no ha sido justificado satisfactoriamente por el Gobierno Nacional.
Ante esta situación, el órgano de control advierte que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $ 610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
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Además, manifiesta que las cifras se puedan incrementar sustancialmente, por los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados.
