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La Procuraduría pidió medidas cautelares para “prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas asociadas' a daños provocados a la Sierra Nevada de Santa Marta, hogar de cuatro comunidades indígenas.

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La solicitud fue hecha a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de “evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas y las autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales”. 

Con la medida se busca proteger 348 sitios sagrados que conforman e interconectan la llamada “Línea Negra”, zona de limitación de este sistema montañoso en el que habitan Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.

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Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, delegado con funciones de coordinación de intervención ante la JEP, destacó que después de dos años de trabajo con las cuatro comunidades de la Sierra y más de 16 encuentros interculturales con los Pueblos, “se ha logrado conjugar todos los factores que han determinado las fuertes agresiones contra estos pueblos indígenas”. 

“Los 348 sitios sagrados afectados por el conflicto han sido algunos arrasados, ocupados, menguados, por eso esta solicitud que ha sido considerada por las magistradas como “histórica”, busca la efectividad de la prevención y recuperación que estos sitios demandan”, agregó el delegado.

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La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10.

Durante la jornada de socialización, desde la JEP se indicó que este trabajo articulado entre los pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindua –como también se le conoce- y el Ministerio Público se constituye en una solicitud de medidas cautelares “sin precedentes” en la jurisdicción, por las características y el alcance que revisten, lo cual es un verdadero reto para la magistratura.

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“Lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias. De ahí la conexión que tiene con varios macrocasos, lo cual se constituye en una medida sin precedentes y un reto interno para la jurisdicción”, concluyó el órgano de control.