El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió este lunes sobre los riesgos en la continuidad de la prestación del servicio público de energía luego de haber establecido que “existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras de este servicio por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.
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El ente de control alertó que esta situación podría derivar en el “inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”.
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Indicó además que, pese a ser una “situación de especial gravedad”, hasta la fecha no se conoce algún tipo de actuación desplegada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridades a las que les compete la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.
Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas a “tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”.
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Para el contralor, la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria ha “contribuido” a este estado de cosas.
“Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, agregó el ente en un comunicado.
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La Contraloría detalló que las circunstancias que generan preocupación son: “(i) no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional; (ii) ingresos no recaudados por la ‘opción tarifaria’, y (iii) el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista, configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”.
El ente recordó que ya se había pronunciado sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética, tanto en el reciente estudio publicado sobre este tema como en el realizado en el 2022 sobre ‘Avances de la Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe’, en el que se concluyó que persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental.
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“La sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió entonces que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, señaló la CGR.
Por último, la Contraloría advirtió a las autoridades locales de todo orden que “la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio y frente al cual existen circulares de la Procuraduría y la Contraloría, que advierten sobre la gravedad de tal conducta; además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública”.
