Un conflicto que data de medio siglo es una realidad que pesa sobre todos los colombianos, a pesar de los múltiples intentos por buscarle una salida negociada o militar. Son más de 6 millones de víctimas, pero las principales expresiones de este drama continuo y repetitivo pueden verse reflejadas en las historias de seis de ellos, provenientes de diferentes sectores.
EL HERALDO presenta sus historias, justo cuando parece más real la posibilidad de que otros no revivan su dolor.
En esta ocasión, la negociación entre el Gobierno y las Farc logró un hecho sin precedentes en el país: tanto ilegales como el Estado reconocieron su responsabilidad en el conflicto y frente a las víctimas, y aceptaron reunirse con ellas en medio del diálogo.
Este paso se dio el pasado 7 de junio cuando, mediante un comunicado conjunto, las partes anunciaron los principios en los que basarán la discusión sobre las víctimas de la violencia y los mecanismos que emplearán para agilizar la negociación. Se trata de diez ejes básicos, como el reconocimiento de responsabilidades y la satisfacción de los derechos de las víctimas, reparación, esclarecimiento de la verdad, garantía de no repetición y la reconciliación como principio del posconflicto.
Acordaron, además, recibir en La Habana a una primera delegación 'plural y equilibrada' de víctimas que llevarán y presentarán propuestas directamente a la mesa, el próximo sábado 16 de agosto.
En víspera de este momento crucial para la historia de Colombia, EL HERALDO presenta la serie especial 'Por la Reconciliación'. Busca retratar la atroz huella que ha dejado en la sociedad una guerra de cinco décadas, y su impacto en la Región Caribe, en donde ha dejado 1.866.319 víctimas.
Los inicios del conflicto. Uno de los puntos de divergencia entre el Gobierno y las Farc es la fecha de inicio del conflicto armado en Colombia, por lo que uno de los puntos que contempla la discusión en La Habana es la conformación de una Comisión Histórica de Esclarecimiento del Conflicto que contribuya, entre otras cosas, a solucionar dicha controversia.
Si bien la Ley 1448 reconoce a las víctimas a partir de 1985 –año en el que se da la toma del Palacio de Justicia–, algunos historiadores hablan de 1953. Ese año, desde el seno de los partidos tradicionales nacieron tanto las guerrillas liberales como las de autodefensa campesina, de influencia comunista. Para otros, 1960 es la fecha de inicio, año en que es asesinado Jacobo Prías, alias ‘Charro Negro’, jefe del Movimiento Agrario Comunista.
También hay quienes afirman que la historia del conflicto inicia con la Operación Marquetalia, que se desarrolló entre 1961 y 1964. Su propósito era la destrucción de los focos guerrilleros que había en ese sector, pero que además dio paso al nacimiento de las Farc como organización guerrillera. En ese momento, Marquetalia era considerado un refugio de guerrilleros comunistas que no entregaron las armas tras la violencia bipartidista de los años 50. Allí también estaban asentadas familias de campesinos que huían de la violencia.
6,2 millones de víctimas. Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica revelan que en Colombia existen, al menos, 6.231.617 víctimas reconocidas, a partir de 1985.
El hecho que mayor afectados concentra es el desplazamiento, con 5.712.506 víctimas, seguido del secuestro con 27.203, y la desaparición forzada con 25.007. No obstante, estos datos solo representan el conflicto desde 1985. Es decir, estamos frente a cifras inferiores a la realidad y que día a día siguen en aumento. Sin contar las que nadie cuenta.
verdad y Justicia. De acuerdo con la información de la ONU y la Universidad Nacional, quienes han estado encargados de realizar –a petición del Gobierno y las Farc– los Foros de Víctimas y agrupar las propuestas que serán llevadas a La Habana, la verdad es la petición más común.
Los temas de justicia y reparación también son focos de propuestas. Igualmente, asuntos como el reconocimiento de otras víctimas, como militares, reclutados y llevados a combate, huérfanos de la guerra y casos anteriores a 1985, son algunos de los temas que la mesa deberá evaluar y darle una primera respuesta.
Por la reconciliación. Esta iniciativa de EL HERALDO nace por la necesidad del reconocimiento de la memoria histórica de las víctimas en la Región Caribe y el país, y como aporte a la construcción del posconflicto y la promoción de la reconciliación nacional.
Durante esta semana, presentaremos cómo es la vida de seis víctimas de las distintas expresiones de la violencia en Colombia. Seis colombianos que encarnan el rastro de las atrocidades del conflicto. En su memoria está esa realidad que el país no quiere repetir, y ellos están dispuestos a contar su experiencia para mostrar la importancia de que así sea. Víctimas de las Farc, el ELN, los grupos paramilitares y el Estado se unen en este especial para dar un paso hacia la reconciliación y mostrar cómo se vive en medio del dolor y la esperanza.
Para este reportaje, EL HERALDO se preguntó qué significa sobrevivir a la violencia y con las secuelas de la muerte. Algunas respuestas de las mismas víctimas motivan a seguir adelante y apoyar decididamente la paz a pesar de sus costos; otras, por el contrario, reflejan el rencor de una generación que no conoce –y tal vez tampoco se imagina– lo que es vivir en paz. Algunas no solo cargan con los malos recuerdos del que quizás sea el peor episodio de sus vidas, sino además con secuelas materiales propias de la violencia y la incapacidad del Estado –pero también del sector privado y de la sociedad– para responder por estos actos y garantizarles una vida digna.
Ni para ellos, ni para ninguno de los más de 6 millones de afectados que ha dejado el conflicto ha sido fácil seguir adelante. En algunos casos, el deseo de continuar con la vida y cambiar su propia historia ha sido el argumento ideal para avanzar; para otros, en cambio, no resulta simple liberarse del peso de llamarse víctimas y ser los protagonistas más afectados de la historia. Sin embargo, el reto no es solo para las víctimas, también lo es –y en mayor medida– para los victimarios: grupos al margen de la ley y Estado.
Detrás de cada víctima y de sus familiares hay una historia por contar. Muchos han sido menores de edad, madres, padres; otros no entienden por qué sufrieron tal drama, y reclaman saber la verdad para continuar con sus vidas. ¿Cómo ayudarle al país a vivir, a perdonar y a reconciliarse? Este es el aporte de nuestro medio.
¿Quiénes son víctimas?
De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, se considera víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño de manera directa por hechos que guarden relación con el conflicto armado, a partir de 1985 y a quienes a partir del 10 de enero de 1991 perdieron los terrenos que poseían o explotaban como consecuencia de hechos violentos del conflicto. Esta limitación temporal genera polémica y el rechazo de quienes se consideran víctimas por actos anteriores a estos años. Si bien el Estado no les reconoce una compensación económica, tienen derecho a la verdad, reparación simbólica y garantías de no repetición.
El caso de los militares
Sólo en algunos casos y cuando se cumplan las condiciones de la Ley, los militares pueden ser declarados víctimas. Si bien pueden acceder a algunas medidas de reparación contempladas por las normas, su indemnización se rige por un régimen especial diferente. Por otra parte, además del directamente afectado, cuando se trate de un caso de asesinato o desaparición forzada, podrán ser reconocidos como víctimas los padres, los hijos y los cónyuges o compañeros permanentes. Así mismo, los hijos nacidos como consecuencia de la violación sexual en el marco del conflicto también tienen derecho a ser reconocidos.
ANÁLISIS
La reparación desde los afectados
El escenario de justicia transicional en el que está enmarcada la reparación de las víctimas conlleva, entre varios aspectos, a que algunos líderes de organizaciones sociales luchen por la reparación con la sombra del miedo. Ante este panorama, surge la inquietud por la motivación para continuar participando a pesar de los riesgos. Entrevistas a líderes sobre emociones e ideas vinculadas a este tipo de participación, destacan que el miedo se sobrelleva desde una convicción moral de romper con la indolencia, visibilizar sus vivencias y fomentar una reparación efectiva. Adicionalmente, perciben obstáculos para expresar la verdad desde la perspectiva de las víctimas; una justicia que dista en algunos aspectos de la postura institucional y de ciertos procedimientos asociados a la implementación de la ley; cierta ambigüedad sobre las garantías de no repetición; y una revictimización ligada a complejos trámites. Por otra parte, mencionan aspectos que reflejan una actitud proactiva hacia el proceso, como su satisfacción por luchar a favor de la reparación y que la Ley 1448 es una oportunidad importante para respaldar las reivindicaciones de los colectivos. Así, resulta fundamental identificación de aciertos, obstáculos y retos institucionales frente a los programas de reparación integral, reconociendo la visión de los involucrados en el proceso.
Por Diana Rico Revelo
ANÁLISIS
Ley de víctimas: respuesta estatal incipiente
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras constituye el instrumento más ambicioso con que hasta la fecha cuenta el Estado para facilitar el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición a las víctimas del conflicto. Dicha ley busca que a través del reconocimiento, las víctimas puedan reivindicar su condición de ciudadanos y logren la materialización de sus derechos constitucionales, a través del diseño de un complejo sistema de mecanismos judiciales, administrativos, sociales y económicos. La ley contempla medidas desde la restitución de tierras y los programas de rehabilitación para atender las secuelas psicológicas, hasta otras sobre la reconstrucción de la verdad. Sin embargo, en la práctica es un modelo incipiente de reconocimiento a las víctimas, dada la falta de institucionalidad en diferentes regiones. También presenta problemas por las limitaciones presupuestales que la rigen, y dificultades operativas para garantizar el acceso de todas las victimas al Registro Único. Aún la novedosa disposición que establece la inversión de la carga de la prueba para quienes son propietarios de tierras reclamadas por las victimas está en mora de ofrecer resultados concretos. En este sentido, el Gobierno debe expresar mayor convicción y compromiso para materializar los contenidos de la ley, con esfuerzos reales para otorgar recursos y adelantar las diferentes medidas en las regiones.
Por Sergio Latorre Restrepo
