BOGOTÁ. Desde su rendición de cuentas, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, anunció que el ente de control fiscal, tras una serie de pesquisas preliminares, decidió abrir investigación formal por el polémico Cargo por Confiabilidad de 18,5 billones de pesos que los ciudadanos pagaron durante nueve años a las generadoras de energía.
'Preocupa a la Contraloría que algunas generadoras térmicas suspendieran su generación, por lo cual se decidió iniciar una investigación sobre las razones y responsabilidades derivadas del incumplimiento de los agentes llamados a generar por confiabilidad, es decir cumplir por la energía en la cual se debió generar de manera responsable con el país', dijo.
De hecho, el organismo había advertido desde 2013 que podría suceder todo el lío de las empresas generadoras de energía que durante los últimos nueve años recibieron el Cargo por Confiabilidad, a cambio de que cuando hubiera una crisis energética, como ahora, respondieran, pero no lo hicieron.
En el documento, la contralora delegada Ana María Silva Bermúdez había alertado que había una 'pérdida de credibilidad institucional y efectividad en la toma de decisiones, en la medida en que se erosiona la estrategia diseñada por el Estado para garantizar confiabilidad en la provisión del servicio'.
Y añade el control de advertencia que 'esta política es afectada de manera importante por tres situaciones: los continuos atrasos en los cronogramas de construcción, incluso en proyectos promovidos por empresas de capital estatal; la existencia de vías de escape regulatorias de tal manera que el costo asociado a tomar esta opción no incentiva a cumplir obligaciones, y la resolución de diferencias de interpretación de normas o de procedimientos en instancias judiciales'.
La Creg expidió la resolución 071 del 3 de octubre de 2007, que creó el Cargo por Confiabilidad, suscrita por el viceministro de Minas y Energía, Manuel Maiguashca y el director ejecutivo de la Creg, Camilo Quintero.
Suben costos en Reficar
El contralor general advirtió además que, de acuerdo a los cálculos realizados, se incrementaron los costos de ejecución de Reficar en 4.022 millones de dólares, por lo que las pérdidas acumuladas ascienden a 1,69 billones de pesos y la utilidad no generada en 27 meses de atraso del proyecto alcanza los 1.106 millones de dólares.
'A los costos incontrolados de la Refinería de Cartagena se suman unos costos de oportunidad ligados a la no entrada en operación de la refinería en el tiempo previsto, una estimación de los beneficios económicos no generados en los 27 meses de atraso (desde julio de 2013), que alcanza un monto superior a los USD 1.100 millones', dijo.
Agregó Maya que, no obstante, 'hay algo muy importante y es que según la información reportada por Reficar a la Contraloría, se han efectuado revisiones preliminares a 2.366 contratos que son principalmente por servicios y por compras. Este tema será revisado de manera muy detallada por medio de una Actuación Especial'.
Otros informes
También informó el funcionario de un billonario aumento en la cobertura de recursos fiscalizados por la Contraloría, ya que de 338 billones de pesos del Presupuesto Nacional que eran fiscalizados, se pasó a auditar 480,1 billones.
'Se vigilaban 1 billón de pesos de recursos de salud y educación, y ahora más de 20 billones. Y en regalías, se amplió la cobertura del control fiscal de 3,2 billones a 11,4 billones', indicó Maya.
También alertó la Contraloría que continúan siendo altos los riesgos de corrupción en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías: 'un análisis revelado hoy arroja cifras preocupantes: el 72% de la contratación celebrada por concurso se hizo mediante procesos contractuales en los que sólo se presentó un oferente'.
Igualmente, el funcionario vallenato expresó su preocupación por la efectiva aplicación de la Ley de Víctimas y recordó que, en un informe al Congreso, señaló un faltante de $33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a la vivienda consagrados en la misma.
Frente a la lucha contra la corrupción y la labor auditora, destacó tres casos: se produjo fallo fiscal por 60 mil millones de pesos por modificación de cálculo de regalías en un contrato carbonífero, se determinó un detrimento patrimonial de 51.556 millones en la ANTV y se encontraron hallazgos fiscales por 14.790 millones en la Unidad Nacional de Protección.
