Treinta años después de la toma guerrillera del Palacio de Justicia y de la recuperación del edificio por parte de las fuerzas del orden, las heridas aún no cicatrizan y nadie sabe con certeza qué pasó en aquellos dos días que cambiaron la historia reciente de Colombia. Son muchas las verdades que faltan por saberse.
El 6 de noviembre de 1985 un comando de 35 integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19) –encabezados por Andrés Almarales y Luis Otero, quien había planeado la toma de la Embajada de República Dominicana y el robo de la espada de Bolívar– asaltó el Palacio de Justicia para hacerle un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), por lo que consideraban incumplimientos del mandatario.
Sorprendido por lo que sucedía, en especial por el respeto que en ese entonces existía por la Corte Suprema, el país se paralizó por completo. Con estupor estos hechos eran seguidos por la televisión y la radio.
TOMA Y RETOMA
Con el nombre ‘Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’, el M-19 planificó lo que pensó sería otro golpe audaz ante la opinión pública para mostrar su inconformismo frente al Estado. Aprovechando la escasa vigilancia, a las 11 de la mañana el guerrillero barranquillero Alfonso Jacquin ingresó con seis de sus compañeros al Palacio de Justicia. Todos llevaban armas escondidas.
Tras ubicarse en diferentes sitios, le avisaron a Otero y Almarales que estaban adentro. Los dos comandantes, junto con 26 guerrilleros más, salieron de una casa en el barrio Calvo Sur y en media hora ingresaron a la sede judicial, también fuertemente armados con fusiles y abundante munición.
De esta manera, el grupo guerrillero tomó como rehenes a, por lo menos, 350 personas, entre magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, funcionarios judiciales, empleados administrativos y abogados visitantes.
En respuesta, el Gobierno nacional ordenó la recuperación del edificio y el Ejército lanzó el ‘Plan Tricolor’. Para ello utilizaron tanques Cascabel y Urutú, de transporte de tropas, y helicópteros.
A lo largo de 28 horas de fuego cruzado, murieron casi un centenar de personas, entre ellas todos los guerrilleros, y 12 de los 24 magistrados de la Corte.
Otras 11 personas fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría empleadas de la cafetería de la sede judicial, y la guerrillera Irma Franco.
Hoy todavía se recuerda la respuesta del coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, quien comandó la recuperación del Palacio, a los reporteros de televisión que lo abordaron cuando comenzó la retoma: 'Aquí estamos, defendiendo la democracia, maestro'.
'¡QUE CESE EL FUEGO!'
También, a través de la radio, el país, estremecido, escuchó al presidente de la Corte Suprema, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien pidió un alto el fuego: 'Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades (…)'. '¡Que el presidente de la República dé la orden de cese el fuego, inmediatamente!' Reyes fue uno de los magistrados asesinados.
En las horas siguientes, el Gobierno, a través de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, suspendió la transmisión de televisión sobre lo que sucedía en la Plaza de Bolívar y en su lugar aparecieron imágenes de un partido de fútbol. Esta decisión le valió duras críticas.
VACÍO DE PODER
Analistas y las familias de las víctimas han sostenido que durante la peor tragedia de la justicia colombiana hubo un vacío de poder, lo que ha sido negado por Betancur.
'Han sido 30 años de más mentiras que verdades', dijo Rosa Milena Portela, hermana de Luz Mary Portela, quien durante tres décadas figuró como desaparecida y cuyos restos óseos fueron exhumados recientemente de una fosa común en un cementerio de Bogotá. 'Por eso es que no hemos podido sanar las heridas', agregó la mujer de 36 años.
Esta semana, y por primera vez, Betancur, de 92 años, dijo: 'Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas', una frase histórica que tardó 30 años. Pero Portela no está preparada para perdonar hasta que su familia reciba los restos de su hermana y 'nos digan la verdad, porque Luz Mary salió viva del Palacio'.
CONDENA
Durante 20 años la investigación permaneció estancada en los despachos judiciales hasta que en 2005 la entonces fiscal Ángela María Buitrago se dio a la tarea de reconstruir la historia de los desaparecidos para llevar al banquillo a los responsables.
Tras meses de investigación, Buitrago consiguió condenar al general (r) Jesús Armando Arias, comandante de la XIII Brigada del Ejército, y al coronel Plazas Vega a 35 y 30 años de prisión, respectivamente.
Los uniformados, presos en guarniciones militares, alegan su inocencia y están a la espera de que la Corte Suprema revise sus casos.
'Nos acabaron la vida con todo esto', manifestó la congresista Tania Vega, esposa de Plazas, preso desde 2008, quien es senadora del Centro Democrático.
A principios de 1990 el M-19 entregó las armas. Ninguno de sus rebeldes pagó un día de cárcel por la toma del Palacio y, por el contrario, varios de ellos, no involucrados en el asalto a la justicia, terminaron como ministros, congresistas, gobernadores y finalmente consiguieron el segundo cargo más importante del país de elección popular: la Alcaldía de Bogotá. 'La toma fue un error garrafal', sostiene Everth Bustamante, ex guerrillero del M-19 y también senador del Centro Democrático.
CONDENA DE CIDH
Tres décadas después por el holocausto de la justicia no hay reconciliación. Grupos de derecha sostienen que los militares defendían la institucionalidad y terminaron condenados; los de izquierda aseguran que hubo abusos de poder, desapariciones y torturas que merecen ser castigadas.
Mientras, en cada aniversario se ven contrapuestas estas posiciones, las víctimas siguen reclamando la verdad. La abogada Alejandra Rodríguez dice que su corazón no alberga odio, pero pide que 'me respeten el derecho de no olvidar'. Ella es hija de Carlos Rodríguez, quien trabajaba en la cafetería y, según las autoridades, salió vivo del edificio. 'Buscaré a mi papá hasta el último día de mi vida', expresó.
El tema de los desaparecidos volvió a la escena pública dos semanas atrás cuando el fiscal Luis Eduardo Montealegre anunció el hallazgo de tres osamentas. De inmediato los familiares de casi todas las víctimas que murieron quemadas han pedido que se establezca científicamente si en verdad les entregaron el cadáver de sus seres queridos.
En noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia y por las torturas que sufrieron los rehenes después de la retoma. Con base en ese fallo, la Fiscalía investiga a 14 militares. El caso del Palacio de Justicia aún no está cerrado.
