Bogotá. La fiscal 35 de Lavado de Activos de la capital, Katherine Liliana Carrillo Torres, le envió un derecho de petición al director del Inpec, Jorge Luis Ramírez, en el que le recuerda que el pasado 14 de septiembre le había solicitado al ente carcelario, a través de una misiva, 'corregir' el traslado a su casa por cárcel en Barranquilla a la ex rectora de la Universidad Autónoma de Caribe Silvia Gette Ponce.
En el documento, conocido por EL HERALDO y fechado el pasado 28 de septiembre, la Fiscalía le reclama al director del Inpec el hecho de que hasta ahora 'no he obtenido respuesta' a su primera solicitud.
Advierte entonces nuevamente la fiscal Carrillo en el derecho de petición: 'me causa preocupación que dicha decisión se haya cumplido sin verificar que por cuenta de mi despacho se ordenó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional (...), mediante resolución interlocutoria de fecha 26 de diciembre de 2014, por el delito de abuso de confianza agravado'.
Señala en este sentido que 'resulta necesario que de forma inmediata se adopten las medidas pertinentes para corregir la situación señalada en procura de no afectar la acción de la justicia'.
Solicita además la funcionaria de la Fiscalía que 'de ser necesario, se ordenen las investigaciones a que haya lugar'.
Entre tanto, el representante de víctimas, Daniel Largacha, le dijo a este diario que 'a la universidad lo que llama la atención de esta situación es el continuo silencio de algunas autoridades, en este caso el Inpec'.
Así mismo, se quejó el apoderado de la alma máter de que 'tampoco la Dirección Seccional de Fiscalías da respuesta alguna a los reclamos públicos y por escrito frente a la lentitud de los procesos contra la señora Gette en Barranquilla por su multimillonaria pensión o los contratos irregulares del Instituto de Lenguas del Caribe'.
Finalmente, recordó que los estudiantes pidieron también a la Superintendencia de Sociedades 'acciones contundentes para congelar bienes y sociedades de Gette y su núcleo familiar, en pro de la reparación de la universidad, y encontramos también silencio absoluto'.
Advirtió en este sentido el jurista: 'ese silencio genera una falta disciplinaria que puede acarrear la destitución del servidor público'.
Antes, la fiscal Carrillo, quien lleva el caso del extravío del millón de dólares de la Uniautónoma, había advertido hace 20 días, cuando fue trasladada la exrectora, que se iniciaría una investigación por prevaricato.
Aseveró entonces la fiscal que la ciudadana argentina no podía salir de la cárcel por las dos medidas de aseguramiento intramurales que tiene en su contra: una por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda y la otra por el desvío del millón de dólares del claustro.
Al trasladar a Gette a Barranquilla, el Inpec habría obedecido lo dispuesto en la condena de seis años y medio contra la exrectora y su exabogado Arcadio Martínez, por el delito de soborno en actuación penal, fallo en el que se dispuso su reclusión en su domicilio.
La jueza 34 de conocimiento de Bogotá, en la sentencia del 24 de agosto pasado, aseguró que les otorgaba el beneficio porque 'a Gette y Martínez se les puede sustituir la prisión carcelaria por domiciliaria, ya que la pena es inferior a ocho años, el delito no se encuentra incluido en el listado de delitos graves y quedó demostrado el arraigo familiar y social de los dos'.
