'No hay detrimento patrimonial en la firma de contratos hemos sido muy cuidadosos en el análisis de costos de estos trabajos', dijo este miércoles el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre sobre los millonarios contratos hechos por la Fiscalía con Natalia Springer y otros como los de asesorías de prensa externa.
El contrato de la politóloga y periodista Natalia Springer es por 4 mil millones de pesos y tienen por objeto el diseño de estrategias de investigación que permitan abordar las conductas criminales en contexto.
Según el Fiscal General, en estos contratos firmados con Springer 'no hay detrimento patrimonial en la firma de contratos, hemos sido muy cuidadosos en el análisis de costos de estos trabajos...En América Latina no se había implementado este tipo de metodologías y de análisis criminal', afirmó Montealegre.
Montealegre también preguntó: '¿Por qué a ciertos sectores les preocupa tanto que implementemos nuevos modelos de investigación para defender los DDHH?'. Y añadió que 'las investigaciones que adelantamos son frente a todos los actores del conflicto, se debe mirar el contexto para evitar la impunidad... La táctica de deslegitimación de la justicia ya la vivimos en el pasado, y más ahora que nos acercamos a esclarecer graves violaciones', advirtió.
Dijo que es su deber como Fiscal General poner en defensa el patrimonio público frente a las diferentes demandas que existen contra la Fiscalía y que Congreso no puede hacer un debate de control político a ningún miembro de la rama judicial.
Recordó que los contratos buscan evitar y solucionar las 14 mil demandas que tiene la Fiscalía General de la Nación por unos 35 billones de pesos.
'No estoy eludiendo ningún debate, el debate se debe dar en el marco de un estado social de derecho', dijo al referirse al debate de control político que citó la bancada del Centro Democrático.
Al fiscal también se le está cuestionando contratos con la exmagistrada del Consejo de Estado Susana Buitrago, la ponente del fallo que le permitió a Montealegre permanecer en su cargo durante cuatro años y no durante uno, y quien recibió un contrato por 174 millones de pesos.
Igualmente, otro con el exmagistrado Alfonso Vargas, quien votó a favor la ponencia de Buitrago, recibió un contrato por 517 millones de pesos.
Así mismo, los periodistas Eccehomo Cettina, Camilo Chaparro y John Álvarez –asesor de Planeación Nacional–, quienes recibieron contratos por 445 millones, 186 millones y 180 millones, respectivamente.
