El primero de marzo del año pasado Leonardo Mahecha Silva un empleado del Complejo Judicial de Paloquemao encargado de los repartos de carpetas a los distintos juzgados, decidió rendir una indagatoria de manera voluntaria para denunciar una serie de irregularidades que se venían presentando en dichas dependencias.
Bajo la gravedad del juramento, este testigo hoy protegido de la Fiscalía, empezó a contar cómo venía operando una red de corrupción en los despachos.
Así empezó la fiscal 13 delegada de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial a presentar el acervo probatorio para imputar cargos a once funcionarios, entre ellos dos jueces a quienes les serían imputados cargos por concierto para delinquir, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho.
Según el testigo, todo se originó el 11 de octubre del 2011, cuando Jaime Eduardo Camargo Lucero, un funcionario de los juzgados, lo contactó para que 'le colaborara con una carpeta que debía pasar a determinado juez, y que en contraprestación, él le daría para los buses'. Una vez atendido el requerimiento, Camargo le entregó a Mahecha 500 mil pesos, pero de a ahí en adelante siguió llamándolo al celular para acordar citas y pedirle la misma clase de favores.
Entre noviembre del 2011y febrero del 2012 fueron varias las veces en que el mismo Camargo solicitó al encargado de repartos direccionar carpetas por casos relacionados con Agro Ingreso Seguro, revocatorias de medidas de aseguramiento, casos de narcotráfico que involucraba a policías y solicitudes de libertad por vencimiento de términos, entre otros asuntos. En todos, el pago del soborno fue de 500 mil pesos.
En su argumentación la fiscal delegada reveló que muchas de esas carpetas tuvieron como destino los jueces 38 y 26 de control de garantías, quienes hacen parte del grupo de indiciados y se identifican como Francisco Javier Barbón López y Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, respectivamente. Este último, de 56 años de edad y natural de la ciudad de Barranquilla, quien entre otras casos viciados habría favorecido a unos imputados por narcotráfico, por cuya libertad se habrían pagado 150 millones de pesos.
Luego de las revelaciones del testigo, manifestó la fiscal, el Director Nacional de Fiscalías autorizó la actuación de un agente encubierto dentro de los juzgados, quien recibía de Mahecha el dinero que a este le daba el presunto sobornador y 'los papelitos', en los que se detallaba el número de radicado y de los procesos a favorecer.
Al explicar la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público, la fiscal dijo que hay dos maneras de reparto, la primera la hace de forma aleatoria el sistema, y la segunda, la que se hace de manera excepcional y directa por autorización de la juez coordinadora de repartos.
