El pasado martes, tras dos meses de conversaciones y un año de litigio, se suscribió un acuerdo entre las comunidades indígenas zenúes del Alto San Jorge y del consejo comunitario de San José de Uré con Cerro Matoso S.A. y el ministro de Minas y Energía, el guajiro Amylkar Acosta, donde la cuestionada empresa y el Gobierno se comprometen a hacer una serie de estudios ambientales y obras sociales en beneficio de las comunidades afectadas por la multinacional minera y la desidia estatal.
Según explicó a EL HERALDO el representante de las comunidades aborígenes cordobesas, Abelardo de la Espriella, 'este acuerdo, no obstante, no implica que las acciones legales que están en curso, por las afectaciones a la salud, las muertes y el daño al medio ambiente, incluyendo la acción en Inglaterra contra la matriz de BHP Billiton, se terminen'.
Se refiere el jurista a las denuncias penales contra los miembros de la junta directiva de la empresa desde 1990, y en materia de demandas administrativas, la solicitud de caducidad de la licencia ambiental y la solicitud de caducidad del contrato para la explotación.
En el acta, mientras las comunidades se comprometen a cesar las vías de hecho y el Gobierno a vigilar el cumplimiento de las obras y velar por la consecución de los recursos para los proyectos sociales, la multinacional tiene que adelantar un estudio de salud ambiental que debe iniciar a más tardar en noviembre, por un costo de dos a tres millones de dólares, con verificación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Ministerio de Salud.
Por su parte, el también apoderado de las comunidades, José Javier de la Hoz, explicó que un estudio previo realizado por la Universidad Federal de Brasil, indica que 'la sobre exposición al níquel -material que explota la multinacional- afecta la salud y contamina el medio ambiente, ya que después del proceso productivo del níquel queda una basura, que se acumula en los cerros y a través del viento llega a las comunidades indígenas, y en ese material hay más de 50% de silicio, que es cancerígeno y además produce afectaciones pulmonares y de piel'.
Cerro Matoso, así mismo, se compromete a entregar en un término de seis meses la reparación de 138 viviendas, y en cinco años la reparación de 300 viviendas más en las comunidades de Bocas de Uré, Puente Uré, Pueblo Flecha y Puerto Colombiano en el municipio cordobés de San José de Uré, y en las de Centro América, Torno Rojo y La Odisea en la localidad vecina de Puerto Libertador.
También habrá adecuación de vías intermunicipales, calles principales, vías de acceso, andenes y mejoramiento del suministro de agua. Igualmente, se reparará el centro de salud de Bocas de Uré, habrá restauraciones de escuelas, construcción de parques y hogares infantiles y obras de mitigación de inundaciones en Torno Rojo.
En cinco años, el compromiso de la minera es entregar la construcción de un nuevo centro de salud en un lugar a determinar, mejorar los servicios de agua y saneamiento básico de cada una de las comunidades, construir la infraestructura para las ocho escuelas de la zona, entregar 50 becas de educación superior y cuatro becas anuales hasta 2020, entre otros proyectos.
'Toda la mano de obra la va a generar la comunidad, en los próximos cinco años podemos hablar de unos 2.000 empleos directos', indicó De la Espriella.
De su parte, el cacique Israel Aguilar, dijo que 'este es un triunfo, porque tras un año de proceso, no se conciliaba y tocó adoptar medidas propias como una resistencia pacífica desde el 23 de septiembre en los alrededores de la planta de procesamiento de la empresa, hasta que se dio el acuerdo, que esperamos que se materialice'.
