El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, aseguró hace un mes a la Contraloría que sí existe el centenar de pacientes hemofílicos por los que se investiga el aparente fraude de 50 mil millones de pesos en el departamento.
No obstante, el mandatario departamental y la Secretaría de Salud cordobesa, en esos mismos descargos rendidos el 8 de junio pasado, tras los hallazgos del ente de control fiscal, admiten, de manera confusa, que sí hubo una 'posible alteración' en los exámenes médicos.
Estos dictámenes, según una auditoría de la Contraloría, se habrían falsificado para que las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana cobraran al departamento, entre 2013 y 2015, la millonaria suma del Sistema General de Participaciones por un medicamento no POS del régimen subsidiado para el tratamiento de la hemofilia para 128 pacientes que no tienen la enfermedad.
El gobernador, quien no se ha pronunciado desde que el fin de semana se hiciera público el escándalo, hace además eco de una supuesta denuncia de la IPS Unidos por su Bienestar, que señala a uno de sus empleados de haber cometido las posibles irregularidades.
'Los medicamentos fueron entregados'
EL HERALDO conoció la misiva de descargos suscrita por Besaile, en la que el ente departamental asegura: 'los representantes legales de las IPS también denunciaron los hechos materia de investigación, haciendo referencia a los exámenes de laboratorios practicados a las personas diagnosticadas con la enfermedad de la hemofilia, radicación que fue realizada ante la oficina de asignaciones de la Fiscalía en Montería, contra una persona determinada, el señor Alexis Enrique Gómez Castillo, quien al parecer fue la persona que alteró los resultados de los exámenes practicados a los pacientes, abusando de la confianza, por ser quien debía realizar el pago de los exámenes de laboratorio'.
Y agrega que 'de estas denuncias nos enteramos, por cuanto, internamente y desde la Gobernación de Córdoba, queremos coadyuvar al esclarecimiento de los hechos (…)'.
Incluso anunciaba entonces el departamento que realizaría exámenes a los pacientes que supuestamente tenían la enfermedad 'con el objeto de entrar a demostrar, como primera medida, la existencia de la enfermedad en los pacientes y desvirtuar la observación hecha por el ente de control, repetimos el solo hecho de que exista una posible alteración en el resultado de unos exámenes de laboratorio, no es óbice para demostrar la inexistencia de los pacientes con dicha enfermedad (…)' (sic).
La Secretaría de Salud de Córdoba, de hecho, considera que el supuesto empleado lo que perseguía, al parecer, era quedarse con el costo de los exámenes de laboratorio: 'lo que tenemos es que un empleado de la IPS al parecer, para quedarse con el dinero del costo de los exámenes de laboratorio optó por falsificarlos y hurtarse el dinero entregado para tal fin, por cuanto, la evidencia de la existencia de los pacientes y de su enfermedad no tiene discusión alguna en esta investigación, razón por la cual esta Secretaría no tiene duda de que los medicamentos fueron entregados (…)'.
Una funcionaria denunció
Mientras la Contraloría investigaba los hechos, llegó a la página web de la entidad una denuncia anónima al parecer de una funcionaria de la Secretaría de Salud de Córdoba, fechada el 19 de abril pasado, en la que pone de presente las posibles irregularidades al interior del ente departamental.
En la denuncia, a la que tuvo acceso EL HERALDO, se lee: 'como empleada de la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, me preocupa mucho cómo invirtieron durante la anterior administración los recursos de la salud (…)'.
Pide la denunciante además que se investiguen las cuentas de los tres años anteriores en la dependencia departamental: 'en Córdoba se pagan todos los años miles de millones de pesos para tratamientos de personas por este concepto (hemofilia), y requiero que se revisen minuciosamente las facturas pagadas durante los años 2013, 2014 y 2015 a las fundaciones que atendieron a esos pacientes (…)'.
Y advierte, finalmente, sobre la falta de controles en el ente, también corroborados por la Contraloría: 'aquí en la Secretaría los funcionarios designados para la revisión de esas cuentas no son rigurosos en esa revisión y se están pagando sin los requisitos mínimos establecidos en la ley'.
En Bolívar también
El ente de control fiscal ya había registrado un caso similar en el departamento de Bolívar durante 2012 y 2014, por el cual se hizo una imputación fiscal el 9 de octubre pasado por 17 mil millones de pesos ante sobrecostos pagados para atender a 20 supuestos pacientes hemofílicos.
En este caso, la Secretaría de Salud de Bolívar asumió la atención integral de 20 supuestos pacientes hemofílicos, que debió estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados.
La Contraloría Delegada para el Sector Social halló en la auditoría que con los recursos del Sistema General de Participaciones la entidad departamental reconoció y pagó servicios POS y medicamentos no POS, 'obrando presuntamente bajo el amparo de unos fallos de tutela que le ordenaban garantizar el derecho de los pacientes diagnosticados con hemofilia a recibir el medicamento y el tratamiento necesario para el manejo de su enfermedad'.
Advierte el ente de control fiscal que la Secretaría de Salud de Bolívar le pagó entonces a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención de ocho pacientes, la suma de 9.512 millones de pesos. Y a Asistegral la suma de 10.726 millones por la atención de 12 pacientes.
'Estos pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio y, además, en la facturación cancelada no se discriminan en detalle los servicios efectivamente prestados a los pacientes.
En los casos de la Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, indica la Contraloría, existen evidencias de que 'tuvieron plena conciencia de los enormes sobrecostos cobrados', lo que generó indicios de 'su plena y consciente intención de apropiarse de recursos públicos'.
