El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, reveló ayer los nombres de unas 214.000 compañías, fundaciones y fondos que hacen parte de la investigación conocida como los ‘Papeles de Panamá’. Del total, 1.854 son entidades offshore colombianas asociadas al escándalo fiscal, con participación de 1.245 personas y que coinciden con 679 direcciones de sociedades en el país creadas con la intermediación de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca. (Ver infografía)
Previo a otorgar acceso a la información, el consorcio aclara: 'Hay usos legítimos de compañías offshore y fideicomisos. No intentamos sugerir o inferir que personas, compañías u otras entidades incluidas en la lista han vulnerado la ley o actuado indebidamente'.
En el buscador del sitio web (www.offshoreleaks.icij.org), al poner la palabra ‘Barranquilla’, aparecen 41 direcciones en la ciudad asociadas a 36 personas –22 de nombres asiáticos– y 10 sociedades, las cuales tienen a su vez vínculos con sociedades offshore.
Cuando se busca el apartado ‘Colombia’ aparecen los 1.245 nombres sin que se discrimienen estos por ciudades de origen.
Los nombres del jefe negociador Humberto De la Calle Lombana y de Jerónimo Alberto y Tomás, hijos del senador Álvaro Uribe Vélez, entre otros, se suman a los de Alberto Ríos, empresario de las basuras en Bogotá; el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya y el de Roberto Hinestrosa Rey, presidente del Concejo de Bogotá y miembro del partido Cambio Radical.
La Casa de Nariño. Los hermanos Uribe Moreno aparecen como socios accionistas de la firma Asia América Investment, creada en julio de 2008 con sede en Islas Vírgenes. Mientras la dirección en Colombia registrada por Tomás Uribe es la calle 97 No. 8 - 14 en Bogotá, la de Jerónimo Alberto es la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igualmente, con fecha noviembre de 2012, figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad Uribe Moreno S.A.S.
Llama la atención que Humberto De la Calle Lombana, jefe del equipo negociador, figure en los Papeles de Panamá como accionista de Davinia Properties S.A. con sede en el istmo centroamericano y constitución en marzo de 2008.
En abril pasado, cuando se divulgó el escándalo, el alto funcionario negó tener activa alguna relación con compañías panameñas y que en su momento creó Davinia para que fuera tenedora del patrimonio familiar por razones de confidencialidad y seguridad.
De la Calle aseveró en su momento que la firma actualmente no existe y que durante su vigencia no abrió cuentas bancarias, no hizo préstamos y no generó actividades lucrativas. Agregó que ahora su patrimonio está incluido en una empresa colombiana legalmente registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Conectas, a través de su portal web señala que los 'documentos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, e investigados por Conectas revelan empresas o transacciones offshore que en Colombia no son un delito en sí mismo. El problema es que el dinero tenga un origen ilícito, o que no se declare ante la Dian. Por la reserva tributaria, no hay forma de acceder al registro de contribuyentes de Colombia para contrastar esta información'.
El consorcio periodístico ICIJ ha recopilado información de 214 mil compañías, fundaciones y fondos en las que tienen participación empresarios, deportistas, políticos y personalidades de más de 200 países.
Un sondeo preliminar da cuenta de que más de 140 altos funcionarios de todo el planeta se relacionan en los más de once millones de documentos de la firma de abogados panameña especializada en el trámite de capitales hacia paraísos fiscales.
Especialistas aseguran que aunque no todas las empresas de papel sean ilegales, esencialmente la finalidad de estos negocios offshore es evadir impuestos en las naciones donde los socios y accionistas han logrado incrementar su patrimonio.
'Usos Legítimos'. Al entrar en la base de datos, el ICIJ advierte que las sociedades offshore tienen 'usos legítimos' y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
Las compañías del banco de datos tienen sede en 21 territorios, entre los que el ICIJ destaca cinco: las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Las Bahamas, las islas Seychelles y Samoa.
