La Fiscalía General de la Nación informó este viernes que el coronel Alfonso Plazas Vega podría ser investigado por la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
El ente investigador aseguró en Bogotá que 'también se ha abierto una investigación a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la retoma ante la posible comisión de delitos'.
Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión el 9 de junio de 2010 por desaparición forzada agravada, en los casos de la guerrillera Irma Franco Pineda y Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería de la sede judicial. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2012.
El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue el primero de los militares condenado por la operación de retoma del Palacio. El otro fue el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien recibió el 29 de abril de 2011, una condena de 35 años de cárcel. Además de los casos de Franco y Rodríguez, le endilgan los de Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería; David Suspes, chef de la misma, y Luz Mary Portela, empleada de la cocina –sus restos mortales fueron identificados en una fosa, dijo el pasado 20 de octubre la Fiscalía–.
Indagación preliminar al M-19
Además, realizará una indagación preliminar para establecer el alcance de la cosa juzgada de los indultos y amnistías que favorecieron a los miembros del M-19 frente a la posibilidad de que estos delitos no hubiesen podido ser perdonados por las prohibiciones de las leyes de la época.
Según el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, la determinación del ente acusador surge 'luego de que una víctima de la toma, un pariente de un capitán de la Policía de apellido Talero, denunciara ante la Fiscalía para que se adelanten los procesos penales contra la cúpula del M-19 por los hechos acontecidos en noviembre de 1985'.
Montealegre Lynett explicó que el denunciante manifiesta que en el momento en que surge la ley de amnistía del M-19, esa misma norma prohíbe amnistías y perdones cuando se trate de delitos que constituyan barbarie y estado de indefensión de las víctimas. Por esto, dice la denuncia, deberían declararse ineficaces las amnistías.
Frente a esto, la Fiscalía determinó la indagación preliminar para establecer cuáles fueron las decisiones de amnistía e indulto y las cesaciones de procedimiento. En este sentido, Montealegre dijo que en esta primera fase 'buscaremos el alcance de la cosa juzgada y a quienes se favoreció con esos procesos'.
La Fiscalía informó que por ahora no serán llamados a declarar los miembros de la cúpula del M-19, solo se mirará la cosa juzgada y sus efectos.
Este anunció se basa también en la condena que desde hace dos años está en estudio del Tribunal Superior de Bogotá contra 8 integrantes del entonces grupo delictivo que están relacionados con la toma del Palacio de Justicia y que apelaron la condena que les impusieron. Es decir, dijo Montealegre, el caso no ha sido cerrado por la jurisdicción.
Asimismo, el funcionario recordó que hace algunos años, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que se habían cometido delitos de lesa humanidad en la toma y que estos hechos son imprescriptibles.
Además, recalcó que 'hay dos jurisprudencias importantes que serán tenidas en cuenta. En primer término, la del Consejo de Estado cuando condenó a la Nación por estos hechos por exceso en el uso de la fuerza, y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso El Mosote vs El Salvador. En ese fallo, este tribunal internacional determinó que las amnistías e indultos en el proceso de paz de El Salvador violan las normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tratarse de amnistías sin verdad'.
Frente a estos hechos, también se decidió abrir una investigación contra los militares y policías que participaron en la retoma del Palacio ante una posible violación de derechos humanos y la comisión de delitos que no hayan prescrito por parte de la Fuerza Pública.
Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación pedirá que sean traídos al proceso abierto todas las decisiones, sentencias y procesos que estén en curso o hayan sido concluidos para establecer cuáles son las consecuencias de estos hechos.
