La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cristina Plazas Michelsen denunció en la Fiscalía General de la Nación a otro operador de La Guajira, por presunto incumplimiento en la prestación de los servicios de primera infancia.
La funcionaria dijo que se trata de la Fundación para la Asistencia y Desarrollo Social de La Guajira (Fundasistir), organización encargada de atender a 400 niños y niñas en la modalidad de atención familiar, a través de un contrato de aporte por valor de $390.286 millones de pesos.
'Hacemos esta nueva denuncia porque es un operador que no cumplió con sus obligaciones, pero que además vulneró los derechos de los niños, lo cual no podemos seguir permitiendo', manifestó.
Explicó que la decisión se tomó después de visitar realizadas a cuatro de las ocho unidades de servicio de la fundación en el marco del esquema de supervisión.
'Los profesionales encontraron coberturas inferiores a las contratadas, incumplimiento en los horarios de atención, condiciones de insalubridad en la infraestructura física, mal manejo de la Bienestarina e inadecuada disposición de basuras', aseguró.
Agregó que también encontraron incumplimientos en las porciones de alimentos que deben entregar a los niños y ausencia del seguimiento nutricional requerido.
En agosto de este año Plazas también denunció ante la Fiscalía a otros cuatro operadores en La Guajira por irregularidades detectadas en la prestación del servicio, debido a omisiones en la entrega de raciones para los niños, almacenamiento y suministro de alimentos en mal estado y profundas deficiencias administrativas, entre otras anomalías.
Los operadores denunciados por Plazas Michelsen son: la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Makuira, la Asociación Arregopine (hoy Fundación Asouta Sau Wayúu), la Fundación Kootirrawa y la Unión Temporal Watwpichin, que en conjunto atienden a 6.282 niños y niñas entre 0 y 5 años.
Sugeiris Iguarán, abogada de la Fundación para la Asistencia y Desarrollo Social de La Guajira Fundasistir, aseguró que la denuncia de la directora del ICBF Cristina Plazas, hacen parte de una persecución de la cual son objeto por las denuncias que han hecho en contra de funcionarios de esa entidad del Estado.
Asegura que el pasado mes de julio instauraron una denuncia en la Procuraduría y la Fiscalía, con copia de la Defensoría del Pueblo y al gobernador encargado Jorge Enrique Vélez, por las 'irregularidades en la contratación, coordinación y administración de los programas del ICBF'.
La jurista dice que los funcionarios Víctor López y María Paulina Núñez 'han vendido el hambre de los niños wayuu a 40 y 50 millones de pesos cada unidad de servicio'. Dijo que además hay fundaciones como la Universidad Metropolitana y Casa Creativa que no cumplen con su función, pero están siendo impuestas a la fuerza por el ICBF.
También agrega que la misma institución les envió una carta de invitación hace poco para seguir trabajando con ellos, pero además que tienen soporte de todas las evaluaciones que se les han hecho en las cuales han obtenido puntajes que van desde 90 a 96%, 'lo cual no es coherente con la denuncia que está haciendo la directora'.
Iguarán dice que Fundasistir tiene todo en orden con soportes y fotografías que serán aportadas a la Fiscalía, cuando este ente investigador se las pida.
'No me dejaré presionar por las protestas': Cristina Plazas
La directora del ICBF Cristina Plazas aseguró que está siendo presionada de muchas comunidades indígenas en La Guajira, quienes 'amenazan con bloquear las vías o la línea férrea, sino se contrata a los operadores que ellos quieren'.
'No aceptaré presiones de ninguna clase para que se contraten operadores que no cumplen con los criterios de calidad que deben caracterizar la atención para los niños y niñas de la primera infancia', aseveró.
Dijo que primero son los derechos de los niños, por lo que 'solo contrataremos a aquellas instituciones que efectivamente cumplen sus servicios con calidad'.
