*Por Angélica Solís, usuaria de Wasapea.
Parece ser que a los grandes empresarios, quienes se llevan todo de aquí, nada les importa aparte del afán de hacerse cada vez más ricos a cambio de ir deteriorando el medio ambiente. Cabe resaltar como las multinacionales explotan cumpliendo los requisitos por parte del Estado, mostrándose aún más como los gobiernos neoliberales legislan a favor de estas, entregando, además, los recursos naturales a un precio muy bajos a las compañías para que vengan de otros países y se lleven nuestros recursos a costo.
Es por esto que se hace necesaria la presencia del Estado, no solamente con normas que ataquen la minería ilegal sino también la presencia de autoridades que puedan combatir y asuman como su deber la preservación del territorio colombiano.
Indigna que en una de las minas más grandes de Colombia, la conocida mina a cielo abierto de La Guajira, una de las poblaciones más vulnerables del país, se haya ofrecido desviar el cauce del río Ranchería para dar paso a la explotación minera sin importarles si dejan sin aguas a sus habitantes y sin tener en cuenta que está es una zona semidesértica donde el río es fundamental para las comunidades y para los niños que cada día mueren tanto por desnutrición como por sequía.
Los riesgos que deja la minería subterránea en el país son las explosiones de metano o de polvillo de carbón y los derrumbes producidos en zonas inestables que desprenden grandes bloques de mina y aplastan trabajadores. Las explosiones se producen porque no hay la suficiente ventilación para diluir el metano concentrado ni se trabaja con equipos a prueba de explosión debidamente adaptados. Cuando hay concentración de gas cualquier agente de ignición produce las explosiones. Los derrumbes, a su vez, se producen porque no se estudian las condiciones geo mecánicas de resistencia de las rocas y se hacen extracciones que sobrepasan los diseños adecuados para que se refuerce el sostenimiento de las rocas.
En Colombia hay muchos accidentes de este tipo porque no se hacen estudios sobre las propiedades mecánicas de las rocas y suelos para ayudar a prevenir derrumbes. Por otra parte, y no menos importante, se encuentra el tema de la licencia ambiental. La ley 99 de 1993 estipula que la Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, se conoce que la mayoría de las minas en Colombia son ilegales debido a razones como la tardía y dura entrega de las licencias.
Estoy segura que la mayoría de colombianos se preguntan qué están haciendo las autoridades para controlar esta explotación tanto en paramos como en las diferentes minas. Pues bien, no sabemos ciertamente, y las evidencias desvirtúan algún trabajo de las autoridades, puesto que cada vez es más noticioso el tema de personas afectadas por la minería ilegal y cada vez aumentan más las muertes de mineros en Colombia.
Para este tema el Estado debe controlar medidas en agilidad para los trámites de licencia ambiental, implementar una solución para que los estragos de quienes tengan minería legal no queden en el aire deteriorando nuestro ambiente o, en su defecto, hacer pagar pecuniariamente a quienes no la saben ejercer, porque en Colombia deberíamos aprender que no todo debe pagarse con cárcel.
