Un grupo de reacción inmediata que conformó la Contraloría General de la República para revisar qué pasó con la plata que en 2010 financió el régimen subsidiado de salud en 74 localidades de todas las regiones del país, reportó hallazgos fiscales por más de 1 billón de pesos de un total de 1,5 billones que se giraron. Lo peor es que sólo en la región Caribe, más de 553 mil millones de pesos “quedaron donde no debían”. Se perdieron.
Al respecto, el asesor de la delegada social de la Contraloría y médico barranquillero, Ulahy Beltrán López, explicó a EL HERALDO que la investigación, coordinada por el hoy vicecontralor Carlos Córdoba y que surgió por iniciativa de la contralora Sandra Morelli, dejó ver que en la Costa se embolató el 50 por ciento de los dineros auditados en todo el país y que, dentro de la región, Soledad ($192 mil millones) y Barranquilla ($111 mil millones) ostentan los deshonrosos primer y segundo lugar, respectivamente, dentro de la lista negra de las ‘batas blancas’.
Las inconsistencias dicen que “hay diferencias entre los recursos asignados por la Nación y los que se incorporaron al presupuesto de los municipios; en algunos ni siquiera se abrió la cuenta especial del fondo local de salud, que es el que debe manejar esta plata; y se giraron recursos a EPS que no tienen contrato con el municipio”. Así mismo, añade Beltrán, “hay contratos sin liquidar; firmas interventoras no habilitadas, inclusive firmas que no entregaron informes y que les pagaron”.
Y volvieron a hallar perlas como “muertos a quienes se les paga su atención e inclusive empleados de Alcaldías, docentes y concejales en el régimen subsidiado”.
Lo que sigue ahora, precisó Adriana Posso, Jefe de la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción de la Contraloría, despacho que tiene en su poder el informe elaborado, es iniciar el proceso de control fiscal para profundizar en la investigación y trasladar los hallazgos disciplinarios, que en la Costa fueron 220, a la Procuraduría General y los penales, en esta región sumaron 6, a la Fiscalía de la Nación.
La Contraloría prometió que antes de finalizar este año habrá decisiones al respecto.
¿EPS o prestamistas?
El ente de control fiscal detectó, así mismo, a través de una auditoría a las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, que estas cuestionadas empresas del golpeado sector de la salud están utilizando los recursos girados por el Estado para la atención de los pacientes a las Unidades de Pago por Capitación, para prestar dinero a terceros. De esta manera, las EPS, además de adquirir hospitales, pagar deudas, remodelar las instalaciones, entre otras varias actividades, están prestando interna y externamente dinero, como si fueran entidades también de crédito. Las EPS, con esta modalidad, estarían evadiendo el control de la Superintendencia Financiera, ente encargado de vigilar las actividades crediticias en el país.
Por Tomás Betín del Río
Bogotá.
