Luego de que el Juzgado Quinto de Descongestión Administrativo de Barranquilla negara, el pasado mes de junio, la acción popular presentada por un colectivo de abogados para que esa ciudad tenga un búnker de la Fiscalía, tal y como funcionan en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Quibdó y próximamente Cali, será el Tribunal Administrativo del Atlántico quien diga si el ente acusador dejará de estar fraccionado en sedes inapropiadas por toda la capital atlanticense.
Lo que persigue la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, en la demanda conocida por EL HERALDO, es “mejorar las condiciones de trabajo a los funcionarios, empleados e investigadores de la Fiscalía General de la Nación Seccional Atlántico” y brindarle a la ciudad una sede digna para “garantizar un oportuno y eficiente servicio de administración de justicia”.
No obstante, para el despacho judicial que conoció el caso en primera instancia no hubo pruebas en la demanda que indicaran que en efecto se estaban vulnerando los derechos de quienes trabajan en el ente de control penal y de quienes usan sus servicios.
Para el director de Opción Jurídica, Arturo Mojica, “es evidente que permanece latente la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda, (…) como quiera que no se garantiza el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios de justicia y a su prestación eficiente, el goce del espacio público, la defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano para los usuarios, funcionarios y empleados”.
Por lo tanto, el colectivo apeló la decisión del Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Barranquilla y es así como la decisión reposa, ahora, en las manos del Tribunal Administrativo del Atlántico.
La demanda señala que el Tribunal “debe garantizar la accesibilidad de todas las personas a los bienes de uso público, así como la integridad y el buen estado de los mismos (…) con el propósito de que cumplan el cometido que impone la normatividad expedida y para el cual se instituyen”.
Añade el documento que la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, así como abogados, víctimas y victimarios, entre otros visitantes, deben gozar de una sede apta “para el normal funcionamiento del servicio de administración de justicia, con los espacios físicos necesarios para el manejo y custodia de expedientes y la realización de audiencias públicas, así como la pulcritud y decoro que se demanda de dichas dependencias oficiales”.
Mojica, en diálogo con este diario, se duele de que “las instalaciones de la Fiscalía no tienen los medios suficientes solicitados en la acción popular e, igualmente, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI no tienen una rampa para personas con discapacidad física; en la URI el ascensor no funciona y los investigadores no tienen ni vehículos para las diligencias”.
Por Tomás Betín Del Río
@NacionalEH
