Todos coinciden –incluyendo el periodismo a través del relato diario de los aconteceres en nuestro sistema de salud– en la precariedad en que funciona la atención a la población objeto de subsidio en materia de salud.
La opinión pública se pregunta por qué si el sistema afronta una severa crisis de resultados que afecta por igual a prestadores como a responsables del pago de la atención en salud, no ha surgido un desistimiento masivo con la consiguiente negación a seguir participando en el mismo. La respuesta gira en torno a que, por un lado, la ausencia absoluta de control efectivo por parte de los organismos encargados de la inspección, vigilancia y control sobre las EPS, estimula la operación fraudulenta con la elusión de sus responsabilidades por la manipulación y el ocultamiento de información atinente al número real de afiliados cotizantes y beneficiarios en el proceso de aseguramiento y, subsidiariamente, en la capitalización de recursos financieros –que garantizan la materialización efectiva de la atención– dado los excedentes en los recursos de capitación de aquellos que no son reportados a expensas de los que sí lo son.
De otra parte, la certeza permanente del apoyo gubernamental, a través de la filosofía de la “capitalización de las ganancias y la socialización de las pérdidas” que el Estado suele aplicar en la ‘redención’ de entidades en quiebra, origina en cada uno de los actores la conciencia –nunca inédita– del salvamento financiero, tal como siempre ha sucedido.
La ejecución del denominado Plan Piloto de la Salud en nuestra ciudad, ahora extendido a Cartagena, nos ha mostrado sus verdaderos alcances a la hora de los balances. En la perspectiva de garantizar la atención oportuna y efectiva en todos los niveles, el Distrito trasladó a las EPS la atención y realización de actividades y procedimientos que le correspondían al ente territorial. La medida era atractiva para todos y generaba impacto en la opinión pública en su afán por la erradicación de incertidumbres, entre otras el denominado paseo de la muerte: el Distrito trasladaba a un tercero el total cumplimiento de su responsabilidad a través de un mecanismo lícito como es la contratación, y este tercero, en el giro normal de esta operación, justificaba su participación y maniobrabilidad con la adición de una capitación que antes no disfrutaba.
Hoy sabemos que la ausencia de una verdadera red de proveedores y la incapacidad financiera para garantizar el pago de estos proveedores y concretar la atención que se perseguía por parte de estas EPS tienen en vilo al denominado Plan Piloto.
Ejemplifica este aserto la situación de la niña que requiere procedimientos diagnósticos para asumir la atención de su patología cardiovascular congénita reseñada en este diario. La filosofía de la socialización de las pérdidas acecha al Distrito: ¿asumirá las deudas de Caprecom por 25 mil millones de pesos?
Si ello es así, ¿qué sentido tiene entregar a un tercero lo que constitucional y legalmente le corresponde al Estado? Continúa la deuda social con los marginados.
Édinson De las Salas Bustos
