Después de un proyecto estatutario de Reforma a la salud, el cual espera la revisión y aprobación de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno presentó el de Ley Ordinaria. La Junta Médica Nacional envió comunicación al presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, en la cual se rechaza su articulado. La Junta, de la que hacen parte la Academia Nacional de Medicina, Sociedades Científicas, la Federación Médica, Asmedas, el Colegio Médico y Anir, dice: “en su esencia el contenido es contrario al logro de un cambio estructural que colme la aspiración de todos los colombianos”, en cuanto a lo esencial que requiere el sistema de salud. Para muchos, la mal llamada reforma es simplemente una maniobra más de muchos políticos (dueños de muchas EPS y demás ESES) para seguir llenando sus bolsillos a expensas de la salud de los colombianos y la esclavitud del personal de salud. Quien crea que es posible una reforma sin la participación de la comunidad y de los trabajadores de la salud está equivocado, si de verdad lo que se busca es un cambio de un sistema perverso, que todos reconocemos que tocó fondo. Todo es posible, en un país en donde la democracia está siendo atropellada por las violaciones a la ética, la corrupción y el irrespeto a las autoridades.
Si los médicos no podemos participar en las decisiones, tampoco debemos acompañar el desarrollo de acciones en contra de los principios, por los cuales decidimos colocar nuestros conocimientos y esfuerzos al servicio de los enfermos. Los médicos nos hemos dado cuenta de que a pesar de muchos sacrificios, turnos, disponibilidad, riesgos de contagio, estrés, depresión y limitados momentos de entretenimiento, no tenemos retribuciones dignas de un profesional, que no se pueden comparar con los ingresos de otras actividades.
Si bien la Reforma a la salud debe tener como meta más importante la atención adecuada, ágil y efectiva de cualquier ciudadano colombiano, también se deben tener en cuenta los estímulos para una clase trabajadora cada vez más maltratada.
Con la nueva propuesta se conserva lo establecido por el régimen actual de salud, cambiando el nombre de Empresas Promotoras de salud, EPS, por el de Gestoras de sus propios negocios. De otro lado, no se define cómo se mejorará el déficit financiero, la crisis hospitalaria y las deudas vigentes. Deja la investigación en un derroche de recursos sin lineamientos, ni resultados en manos de Colciencias, en donde se cambian directores como cambiar de ropa, sin lineamientos claros para el estudio de los problemas que se necesitan resolver en orden de importancia.
Por otro lado, el manejo de medicamentos propuesto no se soluciona en sus raíces, dejando por fuera las negociaciones con los grandes laboratorios extranjeros, responsables en gran parte de los altos precios.
Es la participación ciudadana la que debe dar la lucha para la mejoría de los programas de salud, guiados por servicios de equidad, honestidad y buen gobierno. Solo si es efectiva esta participación se le podrá quitar de las manos un negocio por el que ya han muerto muchas personas, que de no hacer una verdadera reforma tendrá peores consecuencias que las del conflicto por la paz, el narcotráfico, la guerrilla y la pobreza.
Desde la Junta de Sociedades Científicas seguiremos impulsando la defensa al gremio de la salud, aun cuando, en esta lucha desigual, los resultados ojalá alcancen a llegar a las próximas generaciones.
Por Álvaro Villanueva, MD
alvillan@post.harvard.edu.
@49villanueva
