El país está a la expectativa de lo que va a suceder con el contrato de Cerro Matoso. Un factor avivador de la controversia es que el contrato con la firma anglo-australiana BHP Billiton -que data de hace 16 años- contiene una cláusula que permite la prórroga automática de ese contrato hasta 2029.
Es un ‘mico’ que le incorporaron y que, por supuesto, no invalida el contrato, pero ha puesto en guardia al país, especialmente a las fuerzas políticas en el Congreso, desde el Polo Democrático hasta el Partido Conservador, que han reaccionado insufladas por un nacionalismo comprensible.
El Gobierno tiene, pues, el reto de una renegociación benéfica para la Nación, pero todo va a depender de la BHP Billiton, uno de cuyos más altos ejecutivos es el abogado y economista colombiano Alberto Calderón Zuleta, expresidente del Cerrejón y de Ecopetrol.
Colombia, a través del ministro saliente de Minas y Energía y nuevo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha pedido un incremento de las regalías que paga la multinacional, más atención social al entorno y mayor inversión para incrementar la producción de níquel, en la que es la cuarta mina de ese mineral en el mundo.
La multinacional ofrece inversiones por 1,5 millones de dólares por año, mientras sus ventas anuales ascienden a 800 millones de dólares. Es deducible que tendría que hacer un mayor esfuerzo en materia de responsabilidad social y evitar un escenario de acentuada hostilidad nacional. Y el Gobierno tiene que lograr lo mejor para el país, teniendo claro que Colombia no tiene cómo operar Cerro Matoso. Pero no por ello puede mostrarse débil. Hay voces radicales que han recomendado rescindir el contrato y convocar un concurso internacional.
También tiene que ser muy firme el Gobierno en exigir que estas multinacionales mineras, que se enriquecen con los recursos naturales colombianos, paguen los daños al ecosistema, de acuerdo con las actuales normas ambientales. El Ministerio de Ambiente ha dicho que las multas por afectaciones ambientales pueden ser hasta de 27.000 millones de pesos diarios.
Cerro Matoso cuenta con las fundaciones San Isidro y Panzenú, que nacieron con la concepción de que el trabajo con las comunidades se hiciera totalmente apartado del negocio. Su comportamiento no fue el de las fundaciones empresariales que tienen características diferentes y responden a otras necesidades. Como las del Cerrejón, que ha establecido un diálogo permanente con sus grupos de interés, explorando las necesidades y expectativas comunitarias, y a partir de éstos estructuró unos programas de responsabilidad social que se hacen con los grupos de interés y no solo con la comunidad.
Cerrejón también tomó la decisión de vincular a profesionales de la región e invirtió en procesos de educación con pertinencia para el negocio. De este modo, se generaron empleos formales y se hicieron procesos sostenibles en el tiempo. Es notorio también que las regalías del Cerrejón han contribuido a aliviar la condición aún muy precaria de La Guajira, mientras la riqueza minera de Cerro Matoso no ha servido para sacar de la miseria a municipios como Montelíbano. Más de 300 mil millones de pesos en 16 años han ido al barril sin fondo de la corrupción local y ello se ha traducido en más atraso y menos equidad en toda la comunidad.
Como una muestra de dignidad nacional, el país espera que el Gobierno logre una favorable negociación en términos de regalías y de transformación social del entorno empobrecido de Córdoba, lo mismo que un eficaz control para que localmente no se roben la plata.
