Desde hace ya varios días, una larga cola de personas monta pacientemente guardia en el coliseo Elías Chegwin, a la espera de que hoy comienza el proceso de preventa para el crucial partido de fútbol Colombia-Chile, que se celebrará el 11 de octubre próximo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Tal como se relata en un reportaje que EL HERALDO publica en estas mismas páginas, no todos los integrantes de la fila son fervientes aficionados que están dispuestos a soportar cualquier prueba de resistencia física con tal de apoyar en vivo y en directo a La Amarilla cuando los muchachos de Pékerman salten al campo de juego.
En la muchedumbre que se agolpa frente al coliseo hay numerosas personas que no entrarán en el estadio el 11 de octubre, por la sencilla razón de que las boletas que adquieran no son para ellos, sino para los revendedores inescrupulosos que los han contratado por una mísera compensación económica para que compren las entradas al partido. De acuerdo con las reglas de Ossa y Asociados, empresa concesionaria de la comercialización de la boletería, esta venta presencial permite a una persona adquirir un máximo de cuatro entradas, previa exhibición de la cédula de ciudadanía. Tal limitación, concebida para ‘democratizar’ la venta de las boletas, no ha disuadido, ni mucho menos, a la red de revendedores; tan solo las ha obligado a multiplicar la contratación de testaferros para que hagan la fatigosa fila.
Teniendo en cuenta que la empresa Ossa y Asociados reserva una ingente cantidad de entradas para venderlas como parte de paquetes turísticos o mediante comercialización regular a clientes de otras latitudes, al público de Barranquilla —la tan celebrada Casa de la Selección— se le merma de manera significativa el cupo para entrar en el estadio y apoyar a La Amarilla.
Pero lo peor del caso es que ese cupo, de por sí reducido, será en gran medida acaparado por los revendedores, con lo que las boletas terminarán costando al hincha barranquillero mucho más de lo que indica el valor facial de la entrada.
Entre los juristas existen discrepancias sobre la consideración legal que tiene la reventa de boletas. Todos coinciden en que se trata de un caso flagrante de acaparamiento y especulación, aunque difieren en cuanto a si dicha conducta es constitutiva o no de delito, porque la tipificación penal depende de que la boleta para un partido de fútbol tenga la consideración de artículo de primera necesidad, cosa sin duda discutible.
Lo que sí puede hacer la policía, según algunos expertos, es decomisar las boletas a quien sorprenda en flagrante acto de reventa. Pero no hay más que darse una vuelta por el coliseo Elías Chegwin para observar cómo los revendedores hacen de las suyas con toda la tranquilidad del mundo, sin temor a ser sorprendidos por autoridad alguna. Queda, pues, el interrogante: ¿existe alguna forma de impedir esta descarada práctica?
