La orden de captura del exjefe del Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz, dictada ayer por una juez, constituye un nuevo capítulo dentro de una historia infame que ha costado al Estado (es decir, a todos los colombianos) un detrimento patrimonial de 25.000 millones de pesos, según las investigaciones.
Albornoz, imputado en 11 delitos, es hasta el momento el político de más alto perfil implicado en una trama de corrupción que obtenía beneficios millonarios por cuenta de bienes incautados a la mafia del narcotráfico y que se hallaban bajo la administración del DNE. Los casos que se han investigado revelan que la red operaba de muy diversas maneras: vendiendo a terceras personas bienes a precios mucho más bajos que su valoración real, colocando administradores venales en las propiedades incautadas, aprobando contrataciones de obras a precios exorbitantes, etcétera. Todo ello en beneficio de amigos o de los antiguos dueños de las propiedades incautadas, que recuperaban el control sobre estas por intermedio de testaferros.
Uno de los casos que la justicia atribuye a Albornoz es el de la finca cafetera La Argentina, en el departamento de Caldas. El administrador designado por el entonces jefe del DNE para gestionar la finca no solo declaraba pérdidas en la explotación de la propiedad, cuando esta arrojaba beneficios de 700 millones de pesos, sino que permitía seguir cultivando café al antiguo dueño. Pero quizá lo más indignante de todo este episodio es que, después de haber trascendido el escándalo en 2009, el administrador de la finca nombrado por el DNE siguió gestionando el bien del Estado.
En una visita reciente a Cartagena, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció 30 imputaciones por el escándalo, entre ellas las de los representantes de tres importantes inmobiliarias costeñas. Dijo además que el exdepositario del DNE Camilo Bula, quien desde prisión ha accedido a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de esta red de latrocinio, iba a aportar pruebas contra aforados (véase congresistas) implicados.
Lo que cabe esperar es que todo este revuelo judicial no termine, como de costumbre, enterrado en el olvido, y que los tribunales actúen con el máximo rigor, porque hechos de esta gravedad deben ser castigados con todo el peso de la ley.
El narcotráfico ha infligido un daño inconmensurable a toda la sociedad colombiana, y los bienes que se han incautado a las mafias constituyen apenas un resarcimiento ínfimo del inmenso sufrimiento ocasionado a la sociedad. Utilizar esas propiedades, pertenecientes ahora al Estado, para el enriquecimiento personal es una ofensa para todos los colombianos y para la memoria de las innumerables víctimas que ha dejado el narcotráfico. Por esta razón, aún más si cabe, la justicia está obligada a actuar en el caso del DNE con toda la contundencia que le permita el Estado de derecho.
