Una de las políticas del Gobierno de Juan Manuel Santos que más han presentado avances en sus tres años de mandato ha sido la de la vivienda. Esta responde a uno de los anhelos culturalmente más arraigados en la mente de los colombianos, que es la posibilidad de residir dignamente en una vivienda propia.
La iniciativa estrella de esa política es el Programa de las 100 mil viviendas gratis, que cubre 223 municipios de 30 departamentos del país y que otorga prelación a los hogares en condición de extrema pobreza, desplazados y afectados por el invierno.
Durante el reciente debate de control político a este programa en el Senado, se escucharon planteamientos en pro y en contra del mismo. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, expresó con satisfacción que hasta el momento dicho programa no ha recibido ni una sola denuncia de corrupción. Esto fue reforzado por los positivos resultados de los informes de seguimiento de la Contraloría General de la República respecto a su cumplimiento. No obstante, diferentes congresistas pusieron reparos, en el sentido de no estar de acuerdo con el decreto 087 del Ministerio de Vivienda, donde se indica que se les quitará la vivienda a los beneficiarios si estos no pagan los servicios púbicos en seis meses o si se atrasan tres meses en el pago de la administración.
El Gobierno debe atender las recomendaciones de los expertos y analizar el hecho real de que los costos de permanencia (gastos en trámites de escritura, impuestos, administración y servicios) son difíciles de asumir por las familias beneficiarias que en su mayoría no tienen empleo formal. Este diario hace pocas semanas divulgó el testimonio de algunos de los habitantes de estas viviendas en el Atlántico que planteaban que lo que no les cobraron por las casas se lo quieren cobrar con los recibos de los servicios públicos. Es por eso que algunos han propuesto que, con el fin de que estos complejos habitacionales no se conviertan con el tiempo en ‘pueblos fantasmas’, se implementen planes de empleabilidad complementarios que permitan a sus moradores sostener la vivienda otorgada.
Por otro lado, llama la atención la posición del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de no apoyar el plan de viviendas gratis del Gobierno si este no ofrece la suficiente calidad de vida a sus beneficiarios. Existen al respecto quienes critican la estrechez en las medidas de estas viviendas, cuestionando si en un área de 42 o 52 metros cuadrados pueden vivir dignamente unas familias que en su mayoría son numerosas.
Aunque el adagio popular nos insista en que “a caballo regalado no se le mira el colmillo”, es también pertinente recordar aquel otro que reza que “no hay peor mal que el bien que no se sabe hacer”. Por lo tanto, Gobierno y constructores aún están a tiempo, dentro de este proyecto que tiene una duración de dos años, de revisar sus planos y pensar no solo en hacer rendir los lotes con el máximo de cobertura, sino en ofrecer opciones de vivienda que satisfagan las mínimas necesidades físicas y de bienestar sicológico y socio-familiar (comodidad, privacidad, seguridad, ventilación), que mejoren la calidad de vida de sus moradores, que cuenten con servicios a un costo accesible para su condición y que facilite la entrega oportuna de las respectivas escrituras.
Igualmente, para que haya un ambiente de convivencia segura y pacífica, se deben prevenir los nefastos efectos del hacinamiento en el interior de las viviendas y potenciales conflictividades a nivel de vecindad.
Tanto la sociedad en su conjunto (que es en últimas la que está financiando el programa con sus impuestos) como los que coordinan gubernamentalmente este Programa de las 100 mil viviendas gratis deben garantizar que se alcance el noble objetivo de dignificar a esta población vulnerable de Colombia.
