El informe publicado el domingo pasado por EL HERALDO acerca del inquietante estado financiero del Hotel El Prado debería actuar como un aldabonazo en la conciencia de toda la sociedad barranquillera, sobre todo de aquellos con capacidad económica para rescatar de su lenta agonía a uno de los símbolos arquitectónicos más potentes y entrañables de la ciudad.
Desde que fue incautado en el marco de la lucha contra el narcotráfico, el otrora concurrido hotel construido en los años 30, joya de la arquitectura republicana neoclásica, comenzó un declive que se ha prolongado durante 16 años y que hoy le hace acumular unas pérdidas de 13.000 millones de pesos, según ha revelado la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en su primera evaluación pública de la situación del establecimiento.
Con base en esta deriva deficitaria, la agente liquidadora de la DNE, María Mercedes Perry, anunció que solicitará al Ministerio de Trabajo la autorización de suspensión de contratos por clausura temporal hasta por 120 días. El sindicato rechaza esta medida por considerar que se le pretende convertir en el chivo expiatorio de una mala gestión del hotel por parte de la DNE. Sospechan los trabajadores que lo que se pretende es “limpiar” de carga laboral el hotel y volverlo más apetecible para eventuales inversionistas.
El hecho cierto es que, conflictos laborales al margen, el nivel de ocupación del establecimiento durante los siete últimos años fue de
34,7 %, cifra que contrasta con el 52,5 % de ocupación media del sector hotelero de Barranquilla, y del 64,8 % de los hoteles cinco estrellas, según el diagnóstico elaborado por el Fonade, con miras a la entrega del hotel al Fondo de Turismo.
Hasta este momento, la solución que se baraja para el hotel consiste en contratar con un concesionario su explotación, para lo cual, por razones de tramitación burocrática, la DNE tendría que traspasar su administración al Fondo de Turismo, ente que concretaría dicha concesión. Directivos del Fondo convocaron hace algunos meses a empresarios de la ciudad para explicarles sus planes y las condiciones básicas en las que se celebraría el contrato para la explotación del hotel. Aquella reunión no produjo ningún fruto, porque los empresarios convidados coincidieron en que las condiciones que se exigían eran demasiado severas, máxime si se consideraba que ellos no se quedarían con la propiedad del hotel.
Algunos expertos consultados opinan que el Estado debería plantearse la posibilidad, no ya de ceder en concesión, sino de poner en venta el establecimiento, lo que quizá haría más atractiva la oferta para potenciales inversionistas. Sostienen esos expertos que en el caso del hotel se ha producido ya la extinción de dominio que facultaría su enajenación mediante subasta, algo que ya ha ocurrido con numerosos bienes incautados a narcotraficantes en los últimos años.
Independientemente de si existen o no fundamentos jurídicos para que esa venta pueda realizarse en este momento, y de que la venta constituya o no la mejor opción, lo único cierto es que hay que tomar una decisión sobre el futuro del hotel antes de que su declive llegue al extremo de que se vuelva irrecuperable.
La alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera y el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, han formulado sendos llamamientos en favor de alguna salida de índole público-privada para salvar a un hotel que forma parte inextricable de la historia de la ciudad. Lo que tendrían que hacer ahora es dar un paso más y actuar como catalizadores de alguna iniciativa que permita acabar con este lamentable proceso de descomposición del establecimiento.
La batalla por el Hotel El Prado no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una cruzada más ambiciosa para mantener vivo el maravilloso patrimonio arquitectónico de Barranquilla. O lo que queda de él.
