Colombia se ha habituado de tal manera a los grandes escándalos de corrupción que, en muchas ocasiones, otros casos de podredumbre y venalidad quedan relegados a un segundo plano o pasan totalmente desapercibidos porque los ciudadanos ya no tienen capacidad para digerir informativamente lo que entienden como manifestaciones de ‘pequeña’ corrupción. Sin embargo, uno de los mayores males que ha sufrido y sigue padeciendo el país son esas prevaricaciones, cohechos y sobornos que llevan a cabo funcionarios intermedios o contratistas de la Administración y que, si bien no conducen al latrocinio de miles de miles de pesos, sí causan en su conjunto un daño enorme a las arcas del Estado y a toda la sociedad, en la medida en que puede extenderse la percepción de que para conseguir cualquier fin basta con pagar el correspondiente ‘peaje’ al funcionario adecuado.
Por eso no hay que minimizar hechos como el ocurrido con un abogado contratista de Edubar, que cobró 400.000 pesos a una comerciante para aumentar en el plano las medidas de un local que esta posee en San Andresito y de ese modo revalorizar la propiedad con miras a una negociación con el Distrito a la hora de fijar la indemnización por la expropiación. La operación quedó al descubierto porque la comerciante grabó al corrupto abogado, tras lo cual puso el caso en manos de la Fiscalía. No hizo falta destituir al abogado, ya que su contrato de prestación de servicio había expirado antes de trascender la denuncia.
La alcaldesa Elsa Noguera ha hecho lo correcto al instar al gerente de Edubar a fortalecer el control de la entidad para que hechos como este no vuelvan a suceder. También va en la buena dirección la mandataria cuando invita a los ciudadanos a emular a la comerciante de San Andresito y denunciar actuaciones ilegales con el fin de evitar que la corrupción acabe por contaminar las entrañas de la Administración. Sería, además, conveniente que Edubar abriera una investigación a fondo para averiguar si el contratista incurrió en otras irregularidades. Las corruptelas supuestamente menores son igualmente nocivas que los grandes casos de corrupción, ya que, si bien estos mueven cifras exorbitantes, aquellas extienden sus tentáculos en todas las capas sociales, con todas las consecuencias que ello tiene en la cultura ciudadana.
Otra reflexión sobre el caso del abogado de Edubar: existe cierta corriente de pensamiento que denuesta como intrínsecamente corrupto todo lo público y proclama que la externalización de los servicios del Estado es el antídoto infalible contra las malas prácticas. El abogado de este escándalo era un contratista externo, un particular. Lo que demuestra que la corrupción puede germinar en cualquier medio, y contra ella no existe otra receta que saberla atajar a tiempo y con contundencia.
