Mucho se ha hablado en los últimos días, con visible entusiasmo, sobre la necesidad de una integración plena de la Región Caribe colombiana. Sin embargo, ese sueño que han acariciado sucesivas generaciones de costeños se encuentra aún plagado de escollos de toda índole, entre los cuales se destaca la falta de unas infraestructuras adecuadas para conectar de la mejor manera posible los departamentos de la Costa.
Un ejemplo sintomático de esa falta de articulación es, como queda patente en un minucioso informe que publica hoy EL HERALDO, la carretera que une a Barranquilla y Santa Marta. Una vía por la que transita a diario un promedio de 7.588 vehículos y que dista de ser la arteria fluida que exige la conexión de dos ciudades tan íntimamente relacionadas entre sí.
La carretera, situada en territorio del Magdalena, tiene dos tramos claramente diferenciados: uno que se extiende desde el puente Pumarejo hasta Ciénaga, que consta tan solo de dos carriles (uno de ida y otro de vuelta). Y otro que va desde Ciénaga hasta Santa Marta, cuya ampliación a cuatro carriles comenzó a ejecutarse hace ocho años.
El gobernador del Magdalena, Luis Cotes, asegura que la Administración cuenta con fondos para acometer la ampliación del primero de los tramos citados. Dice que ya está listo el diseño para la construcción de nueve kilómetros, aunque añade que los 41 kilómetros restantes del trayecto aún carecen del preceptivo estudio, porque, según el mandatario, el Ministerio de Medio Ambiente no se ha pronunciado sobre el capítulo concerniente al impacto ambiental del proyecto. La explicación del gobernador podrá estar cargada de razones, pero resulta insuficiente para aclarar si la dilación del Ministerio responde a un capricho de sus funcionarios, o a que la Gobernación no ha tenido la suficiente diligencia para sacar adelante un proyecto bien sustentado en su aspecto técnico, o a cualquier otro motivo.
Porque lo que no es de recibo es que los usuarios que circulan por la carretera –ya sean transportistas, pasajeros de autobuses o ciudadanos en vehículos particulares– se vean sometidos a un auténtico calvario por los trancones, sobre todo cuando llegan al peaje de Tasajera, uno de los dos puntos donde los conductores pagan por la utilización de la vía.
Este es, precisamente, otro asunto que merece una explicación por parte de las autoridades: por qué hay dos peajes en un trayecto donde no existen vías de salida entre uno y otro puesto de control. El director de proyectos de la concesión Ruta del Sol II, responsable de la explotación y mantenimiento de la vía, se muestra de acuerdo con cobrar en una sola estación, aunque añade que una decisión en tal sentido compete a la Gobernación del Magdalena. El balón se encuentra, pues, en el tejado de la Administración de este Departamento.
La carretera en cuestión depende orgánicamente de la Gobernación del Magdalena, y la carga por la financiación de las obras se reparte entre el Departamento y fondos procedentes del Gobierno central. Ambas administraciones están en la obligación de poner fin a la situación anómala de tan importante arteria, sin más retrasos y excusas, por justificadas que estas puedan sonar. Los usuarios merecen un trato mucho mejor por la tarifa que pagan.
