Las revelaciones que hace el periodista Daniel Coronell en la última edición de la revista Semana, acerca de un supuesto caso de pederastia por parte de un sacerdote que hoy ocupa una curul en la Cámara de Representantes, deben ser investigadas a fondo por todas las instituciones concernidas.
Hasta el momento, las explicaciones que ha ofrecido Jaime Alonso Vásquez, representante por Guaviare del Partido de La U, a quien un joven de nombre Francisco Javier Bohórquez acusa de haber abusado de él desde que tenía 13 años, solo han conseguido reafirmar la convicción de que la denuncia que ha interpuesto Bohórquez ante la Fiscalía merece ser atendida con toda la seriedad que requiere tan grave asunto.
Preguntado por lo ocurrido, el congresista-sacerdote ha respondido con otras preguntas o con ambigüedades que en nada contribuyen a disipar las dudas sobre el caso. Por ejemplo, preguntó, a modo de prueba a su favor, por qué su presunta víctima ha esperado tanto tiempo para interponer la denuncia, cuando es bien sabido que, en numerosos casos, las víctimas de violaciones o abusos solo se atreven a actuar contra sus agresores años después de ocurridos los hechos. En otro momento de su entrevista con Blu Radio, dijo: “Yo no condeno en ningún momento la homosexualidad, y la considero aceptable como la heterosexualidad”. Una afirmación que sin duda compartirán los defensores a ultranza de las libertades individuales, pero que no dejan de ser sorprendentes en boca de un representante de la Iglesia. Tras esa legitimación de la homosexualidad, añadió que había mantenido con su denunciante “encuentros”, sobre los que no ofreció detalles, y subrayó una y otra vez que “no ha habido ningún tipo de violación y de abuso sexual”.
Por supuesto que al congresista Vásquez, como a cualquier ciudadano, lo ampara el derecho a la presunción de inocencia. Y los encuentros que pueda mantener con otra persona adulta, sean del tipo que fueren, pertenecen a su esfera privada y a su relación particular con la institución eclesiástica de la que forma parte. De lo que aquí se trata es de averiguar si, como afirma el denunciante, el representante Vásquez incurrió en pederastia y/o en abuso de su poder como sacerdote para doblegar la voluntad de un niño y someterlo a sus caprichos sexuales.
Tanto el Congreso, a través de su Comisión de Ética, como el Partido de La U han anunciado que investigarán los hechos y convocarán al representante para que explique su versión de lo ocurrido. En el terreno judicial, la denuncia de la presunta víctima se encuentra radicada ya en la Fiscalía. Bohórquez ha presentado como pruebas un preservativo que supuestamente utilizó hace dos semanas en su último encuentro con el sacerdote, con el fin de que se contraste con el ADN del congresista, y varias grabaciones al parecer comprometedoras. El sacerdote censuró ayer la pederastia y recordó que él llegó al Congreso con el compromiso de impulsar una ley para castigar ese delito con 25 años de prisión, promesa que ha incumplido. “Estuve analizando el tema con algunos abogados, pero no pude concretarlo”, alegó. Solo queda esperar que tan escabroso caso sea debidamente resuelto por el Estado de derecho.
