La visita que realizan hoy la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, y los máximos directivos del Comité Intergremial del Atlántico y Asoportuaria al Ministerio de Transportes, en Bogotá, puede describirse de cualquier modo, menos de protocolaria. Los dirigentes locales van a presentar un estudio elaborado por tres mesas de expertos sobre el proyecto del Gobierno de permitir operaciones de cargue y descargue de fondeo, y el documento resultante pone de manifiesto fuertes objeciones de todo tipo –técnicas, ambientales, jurídicas y económicas– a dicha iniciativa.
Los expertos advierten, entre otros puntos, que las operaciones de fondeo a gran escala, si prescinden de las sociedades portuarias de Barranquilla, podrían echar por tierra el objetivo de que la capital del Atlántico se consolide como plataforma logística de Colombia. Además, generaría un impacto económico bastante negativo en la economía local. Para hacernos una idea de lo que está en juego en términos económicos, la actividad portuaria reportó en 2012 unos ingresos, entre directos e indirectos, de un billón de pesos, de los cuales la tercera parte fue a parar a los hogares que de un modo u otro participan en la actividad portuaria. De acuerdo con los cálculos de Fundesarrollo, esta actividad genera 9.621 empleos, entre directos e indirectos, dato que también debe tenerse en consideración a la hora de enjuiciar las ventajas y desventajas de las operaciones de fondeo.
El Gobierno cometería un craso error si interpretara las voces contrarias al fondeo como una concertación para defender los intereses de unos pocos que hoy controlan la actividad portuaria. En amplios sectores de Barranquilla existe una preocupación real sobre los efectos que pueda tener el cargue y descargue de fondeo en el desarrollo futuro de la ciudad. Muchos no se oponen por mero capricho a ese tipo de operaciones; tan solo exigen al Gobierno que aporte argumentos convincentes y bien documentados que demuestren los supuestos beneficios que tal actividad reportaría a la ciudad.
El Ejecutivo de Juan Manuel Santos debe saber que, sin una explicación rigurosa, la reacción natural de los barranquilleros no podrá ser otra que rebelarse ante una decisión plagada de incertidumbres y que, además, se tomó de manera taimada, ya que se introdujo subrepticiamente en el nuevo Estatuto Aduanero, en vez de tramitarse mediante un proyecto legislativo ordinario susceptible de ser debatido públicamente en el Congreso.
Lo primero que debe hacer el Gobierno –y así consta en el apartado de recomendaciones del estudio que se presentará hoy en el Ministerio de Transportes– es retirar la actividad de fondeo del Estatuto Aduanero. A partir de ahí, tendrá que hacer un esfuerzo colosal para convencer a los barranquilleros de que su apuesta por el fondeo beneficiará a la ciudad. De momento, lo único que ha conseguido es sembrar desconfianza.
