El general (r) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el mandato de Álvaro Uribe y que se encuentra preso en Estados Unidos por vínculos con el paramilitarismo, volvió ayer a la primera línea de la actualidad informativa, al conocerse que un fiscal lo relaciona con la desaparición de dos defensores de víctimas cuando se desempeñaba como comandante del Gaula en Medellín, en el año 2000.
El fiscal considera que existe evidencia suficiente para acusar a Santoyo de haberse concertado con el entonces líder paramilitar Carlos Castaño, para hacer desaparecer a dos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve.
De acuerdo con la narración del fiscal, Santoyo tenía chuzadas de manera irregular 1.808 líneas telefónicas y aportó a Castaño la información concerniente a Quintero y Monsalvo, que se encontraban entre los interceptados. Este caso, que saltó por vez primera a la luz en 2003, cuando Santoyo ya se encargaba de la seguridad del Palacio de Nariño, se convirtió en uno de los más emblemáticos para los activistas de los derechos humanos en el país.
Diez años después, aquellos trágicos acontecimientos salen de nuevo a la luz, trayendo a la memoria de los colombianos una de las épocas más siniestras en la historia reciente del país. Si la petición del fiscal es atendida, Santoyo tendrá que rendir indagatoria ante la Justicia colombiana sobre estos hechos desde la cárcel estadounidense donde cumple una condena de 13 años.
El caso de Santoyo constituye uno de los ejemplos más estremecedores de cómo la criminalidad llegó a contaminar las instituciones más importantes de la Nación. Eran unos tiempos en que amplios sectores de la población miraban con cierta indulgencia, cuando no con abierta simpatía, el fenómeno paramilitar, por considerarlo como una reacción legítima contra la actuación de la guerrilla en buena parte del territorio nacional. Muchas personas seguramente apoyaban de buena fe a las denominadas autodefensas, sin calcular las consecuencias nefastas que ese tipo de soluciones de seguridad tendrían para el país.
Si alguna lección hay que aprender de ese pasado espeluznante, del cual el general (r) Santoyo constituye todo un símbolo, es que a los enemigos del Estado, como son las guerrillas, hay que combatirlos única y exclusivamente por vías legales. A la criminalidad, un Estado de derecho no puede responder con más criminalidad, porque ese tipo de reacciones siempre desata una espiral de violencia que, al final, termina por afectar a toda la sociedad a la que se pretende proteger.
En la lucha contra los violentos no deben ensayarse atajos, como las pretendidas alianzas que sectores del Estado tejieron con grupos paramilitares para combatir al común enemigo guerrillero. El nombre de Santoyo, al igual que los del ex jefe del DAS Jorge Noguera y muchos otros, pasarán a la historia como ejemplos de lo que nunca debe suceder en una democracia digna de tal nombre. Por fortuna, en estos casos la Justicia ha logrado abrirse paso y ha castigado los crímenes, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos de asesinatos y violaciones de derechos humanos en el país. Pese a los indicios que pesan sobre él en este caso, el general (r) Santoyo tiene derecho a la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, las familias de Ángel José Quiroga y Claudia Patricia Monsalve tienen derecho a que se haga justicia.
