La visita que realizaron ayer a Barranquilla el presidente Santos y el fiscal general, Eduardo Montealegre, no ha podido ser más fructífera para las aspiraciones de los atlanticenses de vivir en un lugar seguro y disfrutar con plenitud de su condición de ciudadanos. El mandatario anunció que el Departamento del Atlántico será el escenario de un plan piloto de lucha contra el crimen organizado, que tendrá la particularidad de estar dirigido contra los delitos de más impacto y frecuencia en los distintos territorios del país.
Y no fueron palabras huecas: ayer mismo, el fiscal general anunció la creación de un grupo de investigación criminal que se encargará, precisamente, de atender dichos delitos. En el caso de Barranquilla, el equipo de investigadores pondrá especial hincapié en la microextorsión y el narcotráfico de pequeña escala. Además, como parte de ese plan integral contra la delincuencia organizada, el jefe de la Fiscalía General firmó un convenio con la Universidad Libre, de Barranquilla, con el fin de poner en marcha un programa académico de criminalística para capacitar a personal de la Fiscalía, así como a otros profesionales, como abogados o economistas, que pretendan incursionar en el oficio fiscal.
La elección de Barranquilla y el Atlántico como centros precursores de esta nueva modalidad de lucha contra el crimen no ha respondido a un capricho del azar. Es, en realidad, el resultado más reciente de una larga ofensiva de persuasión realizada por la Alcaldía y la Gobernación ante la Presidencia de la República, que comienza a arrojar frutos de modo perceptible. Con anterioridad, y también mediante la intervención directa del presidente Santos, ya se habían implementado en el Departamento programas de lucha contra la delincuencia general, y, a juzgar por la evaluación parcial que se realizó ayer, los resultados son bastante satisfactorios, si bien queda por delante mucho trabajo para reducir el crimen a su mínima expresión.
Según los datos trasmitidos por el presidente, desde el 19 de junio pasado, fecha en la que empezó una ofensiva reforzada contra las extorsiones, hasta el dos de octubre, esta tipología delictiva ha descendido desde 298 casos atendidos hasta 45. Este notable descenso lo han constatado los comerciantes de Barranquilla, uno de los sectores más vulnerables a la extorsión, que en reiteradas declaraciones públicas han manifestado que su nivel de riesgo se ha reducido ostensiblemente en los últimos meses.
Son, sin duda, buenas noticias para los habitantes del Departamento. Pero las autoridades no deberían incurrir en la autocomplacencia ni bajar la guardia ante la criminalidad, que, por mucho que haya disminuido en cifras absolutas y en comparación con la media nacional, siguen siendo elevadas. Tampoco deberían perder nunca de vista que la lucha contra la delincuencia no consiste solo en reforzar las políticas coercitivas y judiciales, sino en mejorar las condiciones de vida de los habitantes, con el fin de erradicar situaciones de pobreza y desigualdad que, en muchos casos, se encuentran en el fondo de las expresiones violentas y delincuenciales. Todo el trabajo que se realice en este ámbito será poco para conseguir una sociedad más justa y equilibrada.
