El espectáculo que está ofreciendo el Congreso de la República con la tramitación de un proyecto legislativo tan importante como la reforma de la salud en Colombia no puede ser más lamentable. En junio, en el primer período de deliberaciones, el Congreso aprobó la ley estatutaria, que consagra la salud como un derecho fundamental de los ciudadanos y compromete al Estado a garantizar el ejercicio de tal derecho.
Ahora que toca aprobar la segunda parte de la reforma –la ley ordinaria que reglamente la Estatutaria–, el trámite se ha estancado por un evidente ‘plan tortuga’ de los parlamentarios, en el que se reflejan las tensas relaciones entre el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso. Dentro de esta semiparálisis se registran escenas vergonzosas, como el ausentismo en las sesiones clave –que ha tenido como consecuencia la falta de quórum y el aplazamiento de la decisión en siete ocasiones–, las denuncias sobre supuestos lobbies de ciertas EPS en peligro de extinción, y el embrollo que supone tramitar los 34 impedimentos para su votación.
El presidente Santos se ha visto obligado a hacer un llamado a los congresistas para exigirles una mayor celeridad en la aprobación del tramo final de la reforma. Por su parte, la Mesa Directiva del Senado anunció que sancionará con un día de salario por falta a los congresistas que no acudan a las sesiones, y que prohibirá el ingreso en el Capitolio de los ‘lobistas’ que entorpecen el normal debate del proyecto.
En las últimas horas, los partidos políticos de la Mesa de Unidad Nacional que respaldan al Gobierno salieron a apoyar públicamente la continuidad en el trámite de la ley ordinaria de la reforma. Cabe esperar que ese compromiso se concrete en hechos a partir del miércoles de la próxima semana, fecha en que se reanuda el debate de la reforma de la salud.
Salvo que tengan intereses inconfesables, los congresistas no pueden dilatar por más tiempo la solución al grave problema de la salud en Colombia, en el que se conjugan aspectos como la deficiente calidad del servicio, la difícil situación financiera de los hospitales y el alto grado de corrupción o ineficiencia en el manejo de los recursos dentro del sistema actual de salud. De no aprobarse esta reforma en el presente período legislativo, se podría llegar al colapso de los centros hospitalarios, ya que las deudas que mantienen las EPS con hospitales, clínicas y centros asistenciales suman unos $6 billones.
Uno de los aspectos que preocupan a la Fundación Pacientes Colombia –que agrupa a 146 organizaciones de pacientes del servicio de salud– es que, al final, el Gobierno y los congresistas terminen aprobando este trascendental proyecto a pupitrazo limpio. Otro asunto inquietante son los dos años que se da como plazo para la implementación de la ley ordinaria, pues en ese lapso las deficiencias en la calidad y oportunidad del servicio se seguirán presentando.
Sería imperdonable que el Congreso de la República, por mezquinos intereses preelectorales u otras razones, condene al fracaso este proyecto de reforma que llevaría inexorablemente a la quiebra a los hospitales públicos del país.
