La decisión del Gobierno de restituir a los congresistas las primas por 7,9 millones de pesos que les había quitado en septiembre el Consejo de Estado ha desatado, como era de prever, una intensa polémica política y una airada contestación ciudadana en las redes sociales. Lo que ha hecho el Ejecutivo, con el mayor de los descaros, es inventarse una “prima especial de servicios” equivalente en dinero a las primas por salud y por desplazamiento y vivienda que venían percibiendo los legisladores desde hace años y que el Consejo de Estado les retiró por entender que se concedían de manera irregular.
Según señalaron los magistrados en su fallo, la Ley 4 de 1992, que creó dichas primas, no estableció que dicho pago fuese obligatorio, sino que se trataba de una “pauta” que debía aplicarse en aquellas circunstancias y condiciones que lo justificaran. El hecho es que, durante años, esas evaluaciones no se han hecho y la prima se ha otorgado de manera generalizada, convirtiéndose de facto en un sobresueldo muy jugoso para los congresistas. Con ese extra, los ‘Padres de la Patria’ acumulan un sueldo nada desdeñable de 24 millones de pesos mensuales.
Las explicaciones que han ofrecido el Gobierno y algunos congresistas para justificar la decisión no solo no resultan convincentes, sino que han contribuido, en muchos casos, a enardecer aún más el ánimo de los ciudadanos. Una de esas justificaciones es que, con la restitución de la prima, se ha evitado que unos 1.900 funcionarios, cuyos sueldos se referencian con los de los congresistas, corrieran la misma suerte y vieran desmejorados sus ingresos.
Otra, relacionada con la anterior, es que esos funcionarios probablemente demandarían al Estado por haberles reducido su sueldo y con toda seguridad ganarían el pleito, ocasionando una seria calamidad a las arcas públicas. También se han escuchado voces que piden no “criminalizar” a los congresistas mediante discursos demagógicos sobre sus sueldos. Y hay quienes afirman con solemnidad que los legisladores, y en general los funcionarios públicos, deben estar bien remunerados para servir con mayor entrega al Estado.
Por supuesto que no hay que denigrar al Congreso de la República, donde a fin de cuentas, y pese a ciertos espectáculos que se ofrecen desde las propias cámaras legislativas, descansa una pata del sistema democrático. Pero los parlamentarios no pueden pretender estar a resguardo de las críticas. También compartimos el principio de que los legisladores estén bien remunerados. La pregunta en este caso es si sus sueldos tienen que situarse necesariamente al mismo nivel, por ejemplo, que los de los parlamentarios de muchos países europeos más prósperos, más caros y con menos desigualdades sociales que Colombia.
Pero lo más preocupante de todo este asunto es el menosprecio que el Gobierno ha exhibido hacia el Consejo de Estado, que entendió que la aplicación de las primas de salud y desplazamiento debían estar plenamente justificadas. Lo que ha hecho el Ejecutivo, sin el menor recato, es reemplazarla por otro pago de nombre vaporoso, que no requiere demasiadas justificaciones, con el único objetivo de devolverles a los congresistas lo que la Justicia les había quitado.
Más allá de las justificaciones dadas por el Gobierno, su decisión también puede entenderse como un guiño del hoy impopular presidente Santos a los congresistas, a quienes necesitará para sacar adelante sus proyectos más ambiciosos (principalmente el de la paz con las Farc) y mantener así abierto su camino a la reelección. Algunos lo llaman ‘realpolitik’.
