Desde que comenzó la polémica por las uniones de parejas homosexuales, la Procuraduría General de la Nación, con Alejando Ordóñez a la cabeza, ha desplegado todo el poder legal que tiene a su alcance para cerrar cualquier posibilidad que las personas del mismo sexo puedan constituirse en matrimonio.
Alega el Ministerio Público, con razón, que la primera de sus funciones es velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Y la ley vigente en Colombia establece que la denominación de ‘matrimonio’ corresponde a la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, la Procuraduría puede argüir que su intensa labor de fiscalización de las uniones homosexuales –que son legales– no responde a otro objetivo que impedir que se cuele alguna declaración de ‘matrimonio’ y se vulnere de ese modo la ley.
Nadie que crea en el Estado de derecho pretendería que la Procuraduría, así como cualquier otra institución pública, hiciera dejación de sus responsabilidades. Lo que llama poderosamente la atención en el caso que nos ocupa es la evidente obsesión con que el Ministerio Público está tratando el asunto, de modo que lo que debería ser un normal celo en el cumplimiento de las leyes se convierte, a los ojos de muchos ciudadanos, en una inaceptable cruzada homófoba, como refleja hoy un informe en este periódico. No de otro modo puede entenderse el aluvión de circulares que ha emitido la Procuraduría para que procuradores regionales judiciales y provinciales, así como personeros y jueces civiles, entreguen informes sobre las solicitudes en juzgados de matrimonios o ‘uniones solemnes’ de parejas del mismo sexo.
Estamos así en presencia de una lucha preventiva contra los matrimonios gais, en la que se pide incluso información sobre las peticiones para formalizar ‘uniones solemnes’, que son legales, ya que esta fórmula ha sido establecida por la Corte Constitucional para que las parejas gais accedan a derechos civiles.
En el fondo de todas estas actuaciones, lo que queda claro es que la Procuraduría no está ejerciendo el papel sobrio, sereno y riguroso de un garante de la ley, sino el del militante vehemente de una causa. El procurador Ordóñez ha dejado ver en varias ocasiones que su preocupación no es tan solo que se incumpla la ley vigente, sino que se abra alguna posibilidad para que esa ley pueda ser reformada y se eleve la unión homosexual a la categoría de matrimonio.
No hay más que repasar su beligerancia contra el fallo de la Corte Constitucional, de julio de 2011, en que los magistrados acordaron que los gais podrían formalizar ‘uniones solemnes’ a partir de julio de 2013 si, hasta esa fecha, el Congreso de la República no hubiera adoptado alguna decisión sobre las uniones homosexuales. Como es bien sabido, el Congreso rechazó en abril pasado un proyecto de ley que pretendía aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En julio, como señalaba el fallo de la Corte, entró en vigor la figura de la ‘unión solemne’, que ha creado cierta confusión jurídica, pues unos interpretan que es un respaldo al ‘matrimonio’ y otros señalan lo contrario. La única manera de superar ese equívoco sería que se reformara la ley y se estableciera con rotundidad que el matrimonio es extensible a personas del mismo sexo.
Estar en contra de elevar la unión gay a la categoría de matrimonio es legítimo, tanto como estar a favor. Cosa distinta es la actitud que debería mantener la Procuraduría en el debate. De las instituciones del Estado se espera mesura, equilibrio e imparcialidad en sus actuaciones.
