El derrumbe del edificio Space, en Medellín, que ha dejado un muerto y una decena de desaparecidos, ha desatado la alarma en varios conjuntos residenciales de Campo Alegre, en Barranquilla, que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a gravísimas fallas estructurales. Los habitantes de la zona de mayor riesgo están atemorizados, y no les falta razón, a juzgar por el inquietante estado en que se encuentran los edificios donde residen.
El problema de Campo Alegre comenzó en 2002, cuando, en el gobierno de Caiaffa, se levantó la prohibición de construir en el sector. Un estudio de Ingeominas de cinco años antes había dictaminado que los terrenos eran de arcillas expansivas y, por tanto, de alto riesgo para la construcción de viviendas. Amparadas en la polémica recalificación de los terrenos, varias compañías constructoras levantaron un puñado de conjuntos residenciales. Y sucedió lo que los técnicos de Ingeominas habían pretendido evitar: en 2005 se presentaron los primeros derrumbes y deslizamientos, y comenzó una intensa batalla judicial que se prolonga hasta el día de hoy.
En varias sentencias que se han pronunciado hasta ahora sobre el caso, los tribunales han establecido que los afectados deben ser indemnizados por las compañías constructoras y la Administración distrital. Esa indemnización se ha hecho efectiva en unos casos; en otros, los dueños de viviendas aceptaron marcharse a cambio de una ayuda oficial para el arriendo, con la condición, en muchos casos incumplida, de que más adelante recibirían la indemnización. En la zona quedan aún unas 900 familias, según el abogado que las representa, que se niegan a marcharse si no reciben previamente el dinero que invirtieron en sus viviendas.
La actual Administración distrital, que se ha encontrado con este espinoso problema, insiste en ayudar a esas familias pagándoles el arriendo en otros sitios seguros, pero los afectados temen que, si aceptan el ofrecimiento, el caso caerá en el olvido y jamás recuperarán total o parcialmente la plata que desembolsaron para tener una vivienda propia.
En ese punto se encontraba el conflicto cuando, el domingo pasado, ocurrió el derrumbe del edicio Space, en Medellín, y muchos habitantes de Campo Alegre vieron en esa tragedia un espejo de lo que les podría suceder a ellos si no se toman medidas urgentes sobre su situación.
A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que en el caso de Campo Alegre se cometieron graves irregularidades. Que los ciudadanos que adquirieron viviendas en los complejos residenciales de riesgo resultaron perjudicados por una decisión administrativa que contravenía el criterio de Ingeominas y por unos constructores que actuaron sin el mínimo rigor profesional. Pero, en este momento, lo que aconseja el sentido común es la evacuación inmediata de los edificios en peligro. Los afectados tienen argumentos que justifican su desconfianza en que les vayan a indemnizar algún día; pero, a juzgar por lo que ellos mismos advierten, son sus propias vidas las que están en juego por permanecer en la zona, máxime en esta temporada de intensos aguaceros. Lo lógico sería que evacuaran el sector. Y que la Administración ideara alguna fórmula para resolver pronto este lamentable asunto.
