La pretensión del Gobierno central de seguir adelante con sus planes sobre el fondeo, sin atender las preocupaciones de las autoridades y gremios de Barranquilla y el Atlántico, no guarda coherencia con la voluntad expresada por el presidente Santos, en la última remodelación del gabinete, de contar más con las regiones del país. Solo como una actitud de indiferencia al clamor de barranquilleros y atlanticenses puede interpretarse la publicación, por la Dian, de la “última versión” del proyecto de Decreto que recoge las operaciones por fondeo, de la que informó este diario en su edición de ayer.
A menos que ofrezca unas explicaciones convincentes en otro sentido, el Ejecutivo central no ha considerado oportuno suspender temporalmente la tramitación del proyecto de Decreto para analizar las inquietudes planteadas por los gremios del Atlántico en distintas áreas –económica, técnica, ambiental, de seguridad– y que constan en un informe minucioso que elaboró un grupo de expertos en tres mesas de estudio.
En ese sentido, es más que comprensible la respuesta de la alcaldesa Elsa Noguera, que ayer expresó sus decepción por la actitud del Gobierno central y anunció acciones legales –de las que no ofreció detalles– en el caso de que el Decreto, si se aprueba, contenga elementos que afecten los intereses de Barranquilla. Los gremios del Departamento, sin ser tan contundentes en su reacción, sí lamentaron que el estudio antes citado, que hicieron llegar al Ejecutivo, no haya tenido eco en las altas instancias de Bogotá.
Llama, además, la atención, que el Gobierno haya quitado la interlocución en este espinoso asunto a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, costeña con fuertes lazos con Barranquilla, y puesto en su lugar a la alta consejera presidencial para la Gestión Pública y Privada, Catalina Crane, que quizá no tenga la misma sensibilidad hacia un tema tan importante para los atlanticenses.
La última versión del proyecto de Decreto contiene medidas que merecerían, cuanto menos, una explicación convincente por parte del Gobierno. Una de ellas es la calificación de “exportación” a las mercancías cargadas en cualquier puerto del río Magdalena con destino al extranjero. Es decir, un cargamento podría circular por el río 500 kilómetros hasta su desembocadura sin nuevas inspecciones, a menos que el Decreto definitivo aclare que esas inspecciones sí se realizarán al final del trayecto; o sea, en Barranquilla. Tiene razón el director ejecutivo de Asoportuaria, Antonio Felfle, al expresar su inquietud porque el proyecto de Decreto podría producir la “desaduanización” de Barranquilla y, además, por el riesgo de que la mercancía transportada desde el interior pueda ser objeto de manipulaciones u otras irregularidades durante el trayecto fluvial si no existe un puesto de control en la desembocadura del río.
Si es cierta su apuesta por las regiones, y si quiere reafirmar su probado compromiso con el Atlántico, el presidente Santos está en la obligación de detener el curso del Decreto, al menos mientras se disipan todas las dudas que suscita el texto del proyecto.
